Sin ningún límite, enloquecido por el poder, el régimen de la autodenominada “cuarta transformación” y sus testaferros en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión parecen decididos a llevar al país a un abismo de ilegalidad que pone en serio riesgo la viabilidad democrática de la República.
Echando mano de la corrupción que sí existe en el Poder Judicial –pero que cuando les beneficia no le encuentran problema-, pretenden mantener en su cargo a como dé lugar a la “ministra pirata” Yasmín Esquivel con resoluciones de jueces de consigna, sin ningún valor académico, que es el que debe privar para juzgar la tesis de licenciatura que todas las pruebas indican plagió hace más de tres décadas.
Solo de ver que uno de los abogados defensores de Esquivel es el impresentable priista (hoy morenista, para estar en sintonía con los tiempos) Eduardo Andrade Sánchez -“célebre” por presentarse ebrio en un programa de televisión cuando el PRI entregó la Presidencia en el 2000, y que sirvió fielmente al más corrupto sistema político de México-, es claro que la intención es bloquear a través de argucias legaloides lo que es evidente como una montaña: la deshonestidad de una ministra espuria, que encarna de forma cruda todo lo que significa en realidad el obradorismo.
Como no todos los jueces y ministros son “obedientes” al morenato, este mismo jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –con los votos en contra de las marionetas del presidente- echó abajo otra de las leyes del llamado “Plan B” electoral por inconstitucional, al haberse violado el proceso legislativo para su aprobación, que fue como le gusta a López Obrador: sin leer las iniciativas primero, “fast track”.
Esto provocó una furibunda reacción difundida al momento de escribirse estas líneas: la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que la Corte “pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros Poderes de la Unión, en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo Estado democrático constitucional”. Cuando el que hace exactamente eso que se señala, todos los días, es el Ejecutivo federal.
Es previsible que la respuesta vaya más allá y arrecie la campaña en contra de los ministros y especialmente contra la presidenta de la SCJN Norma Piña, contra quien, además, el presidente tiene un añejo asunto personal, como lo aseguró recientemente la ex ministra, ex secretaria de Gobernación y hoy anodina senadora Olga Sánchez Cordero.
La desmesura del presidente y sus sistemáticos ataques a la legalidad funcionan como una especie de “permiso para matar”. O por lo menos, para reprimir y abusar del poder, como sucede de manera grotesca en el estado de Veracruz con el gobernador Cuitláhuac García.
El episodio de quebranto de la ley de esta semana en Veracruz fue la detención bajo cargos falsos de la juez Angélica Sánchez como venganza por haberse ido “por la libre” y respetar un amparo para liberar a un presunto homicida, al que la Fiscalía General del Estado fue incapaz de armarle una imputación firme.
Orgulloso de su felonía, Cuitláhuac García celebró la abyección de “su” presidenta del Tribunal Superior de Justicia y amenazó con que va por más jueces que no se sometan a la línea que se les dicta desde el Ejecutivo. Que no le vengan con que la separación de poderes y otras minucias, le faltó decir.
Y así, en el camino han encarcelado adversarios políticos, activistas, manifestantes y a ciudadanos de a pie, nomás por el placer que les causa a los “tetratransformados” tener “todo el pinche poder en la mano”, como decía uno de los mentores de Cuitláhuac García.
Se viene un fin de sexenio de terror por cuanto hace a la legalidad y los derechos humanos, en México y en Veracruz. La descomposición ya es total.
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