García Harfuch manda a prisión a policías que fabricaron delito a Gustavo Fabián. En Veracruz, por orden del gobernador, a policías que fabrican delitos no se les toca
Dice el dicho, “aunque estén hechos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro”. En la Ciudad de México el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pidió disculpas a Gustavo Fabián, un joven estudiante que fue acusado de homicidio y tentativa de homicidio y llevado a prisión gracias al testimonio de 5 policías que lo ubicaban en el lugar del homicidio. Una investigación por parte de la PGJ de la CDMX ubicó a Gustavo Fabián lejos del lugar de los hechos. En un mensaje subido a sus redes sociales, García Harfuch declara: “Como secretario de Seguridad Ciudadana y responsable de la policía de la ciudad de México me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecerle una disculpa pública por la actuación incorrecta de parte de algunos elementos de la corporación ocurrida, el pasado 2 de mayo y en la que fue víctima de una detención indebida”. Los 5 policías ya están en prisión. Mientras tanto, en “Cuitlalandia”, el gobernador de Veracruz, en lugar de exigir que se investigara a los policías acusados de tortura y fabricación de pruebas en el caso de la jueza Angélica Sánchez, ordenó que no se investigara a los policías, a quienes llamó su “fuerza especial”. Pues cómo los iba a castigar, si la orden de torturar y fabricar pruebas a la jueza salió del mismo Palacio de Gobierno. Como anotamos al principio. Los dos, Omar García Harfuch y Cuitláhuac García son parte de la Cuarta Transformación, es decir son del mismo barro. Aquí, ¿quién es el bacín, quién es el jarro?
¡Incongruentes y retrógradas! Que las corcholatas no podrán ser entrevistados por medios adversarios de la 4T. Sólo Lord Molécula y su banda los entrevistarán
¡Vaya incongruencia! Dice el Consejo Nacional de Morena que la contienda para elegir candidato a la presidencia de México será “imparcial, democrática, unitaria y transparente”. Sin embargo, dentro de esa imparcialidad no caben los medios que el presidente López Obrador considera adversarios a su régimen. Uno de los puntos que se agregó al acuerdo para elegir candidato de Morena dice que los candidatos “evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen”. Esos de Morena pecaron de retrógradas. ¿Dónde está la imparcialidad, la democracia, la transparencia en ese punto? Tan retrógradas como su presidente que sólo gusta de preguntas a modo. De seguir al pie de la letra ese consejo, los aspirantes a la candidatura de Morena sólo podrán ser entrevistados por Lord Molécula, la güera que se siente Thalía, el Pirata, los moneros chayoteros que comen paella con el presidente y uno que otro youtuber. El ejemplo más claro de lo retrograda está en la secretaria de Morena, Citlalli Hernández, quien ya dijo que entre esos medios adversarios a la 4T están Latinus y Reforma. ¡Ellos solitos se exhiben!
La Suprema Corte sí puede destituir funcionarios federales. Titular de la UEAF y agente del ministerio público, ambos de la FGR, separados del cargo y consignados
Funcionarios de la Fiscalía General de la República recibieron un lote de joyas incautado al empresario Apel Çelik, acusado de contrabando. Cuando Érika Paola Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza pidieron las joyas para comparar las facturas que tenían de ellas, las joyas ya habían desaparecido. Después de años de juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó el caso y ordenó destituir y consignar ante un juez federal a dos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR). Los consignados son Víctor Manuel Munguía Baltazar, fiscal adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero y Celia Almaguer Hernández, directora general adjunta encargada de despacho de la Oficina del Titular de dicha Unidad. Señala la SCJN en su comunicado: “Se constató que pese a todos los requerimientos que se les hicieron, las referidas autoridades fueron omisas en dar cumplimiento a la sentencia de amparo en la que se les ordenó, entre otros aspectos, llevar a cabo el desahogo de diversas diligencias probatorias, a través de las cuales la quejosa buscaba acreditar la propiedad y obtener la devolución de joyería que en su momento le fue asegurada, con un valor de más de 200 millones de pesos. Además, las autoridades responsables no informaron al juez de amparo sobre la entrega material de los bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”. En uno de los encabezados del comunicado se precisa: “La Constitución Federal faculta a la Corte para separar de su encargo y consignar a los funcionarios que incumplan una sentencia de amparo”. Así que cuidado con todos esos magistrados, diputados y funcionarios públicos que no estén acatando las sentencias de amparo. Pueden terminar en la cárcel.
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra