En el dramático caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández –acusada de presunta corrupción por acatar un amparo de la justicia federal y dictar acto de no vinculación a proceso a Itiel Palacios García, un empresario guanajuatense que el gobierno de Cuitláhuac García insiste en identificar, sin pruebas fehacientes, como “El Compa Playa”, un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJMG) en los límites de Veracruz y Oaxaca al que le imputan el homicidio del diputado priista Juan Carlos Molina Palacios, ejecutado en noviembre de 2019 en su rancho del municipio de Medellín de Bravo–, hay un dato que aún no había trascendido y que obviamente ha dado pie a todo tipo de elucubraciones por las disputas políticas y de poder al interior del grupo gobernante.
Y es que abogados cercanos a la jueza Sánchez Hernández nos han revelado acerca del parentesco político que existe entre la impartidora de justicia y el poderoso subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, líder de la organización “Unidos Todos” que aspira también a suceder en 2024 a su primo, el gobernador García Jiménez.
Ingrid Berenice Gómez Sánchez, la hija de la jueza que para denunciar los abusos policiacos contra su madre convocó a conferencia de prensa e inclusive fue hasta la Ciudad de México para solicitarle su apoyo al líder del Senado, Ricardo Monreal –no bien visto por el gobierno morenista de Veracruz–, es esposa del ingeniero en sistemas computacionales Eleazar Guerrero Barrera, hijo del subsecretario de la Sefiplan, el cual se desempeña desde el inicio de esta administración como Director General de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos elementos paradójicamente están implicados en la arbitraria detención y fabricación de delitos en contra de su suegra Sánchez Hernández.
Evidentemente lo que los litigantes se preguntan es que cómo es posible que desde las altas esferas de poder se haya actuado con tanta saña en contra de la jueza, a la que ante la falta de elementos para procesarla y encarcelarla por corrupción le inventaron otros delitos.
“No tenían orden de aprehensión, la treta era hacerme una detención en flagrancia, para eso usaron a Seguridad Pública, que se me atravesaron con sus patrullas, me bajaron a jalones de mi vehículo, no tenía ni dos minutos de haber salido de mi casa”, declaró al diario Reforma.
La jueza relató que ya en el cuartel de San José, ubicado en el centro histórico de Xalapa, fue llevada a una especie de patio donde, tomando su mano, la obligaron a disparar una pistola en dos ocasiones.
“(Más tarde) me volvieron a sacar, ya con una mesa y sobre ella mi bolsa de mano, y sacaron unos sobrecitos de droga y una pistola, la misma pistola que me habían hecho disparar estaba ahí en la mesa”, recordó.
Entre los abusos que sufrió, la jueza enlistó el de intimidación, coacción al hacerla disparar un arma, tortura física y psicológica, y violencia moral. Lo absurdo es que los policías abusivos y demás servidores públicos implicados siguen impunes. ¿Quién los protege?
Angélica Sánchez expresó su preocupación: “Estoy con mucho temor, estoy enfrentando fuerzas muy poderosas, temo por mi vida y por la de mis hijos”.
Y es que, al referirse a este caso, el gobernador Cuitláhuac García afirmó que en el estado de Veracruz pudiera haber más detenciones de jueces si se comprueba que han incurrido en actos de corrupción.
El mandatario estatal celebró la decisión del Consejo de la Judicatura y de la magistrada Presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para no permitir que este tipo de casos vuelvan a ocurrir, y que de haber jueces vinculados a posible corrupción se actúe de manera inmediata.
“Yo aplaudo la decisión del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de la magistrada de no permitir que este caso se repita, el hecho es que cuando llegue a surgir esto no se deje pasar, eso demuestra que hay un cambio en el Poder Judicial. Lo importante es que no se dejen pasar un hecho de probable corrupción”, reiteró.
Asimismo, pidió ser respetuosos con la Fiscalía General del Estado para que las investigaciones continúen.
Y finalmente puntualizó que si acaso se dieron agresiones durante la detención de la jueza Angélica Sánchez, éstas se deben demostrar durante el juicio y no solamente por “habladas” en los medios de comunicación, ya que en algunas ocasiones –dijo– se señalan agresiones a personas en la prensa, pero durante los juicios no se comprueban ni tampoco se presentan las pruebas de sus dichos.
En contraparte, a través de su cuenta de Twitter, el senador Monreal compartió que la hija de la jueza se encontraba agobiada y preocupada por la detención de su madre, quien fue liberada el pasado miércoles 7 porque no había elementos que justificaran la prisión preventiva como medida cautelar, por los hechos posiblemente constitutivos de delitos.
“Recibí a Ingrid Berenice Gómez Sánchez, joven agobiada y preocupada por la detención injustificada de su mamá, la Lic. Angélica Sánchez Hernández, en Huatusco, Veracruz, una mujer que tiene una carrera de 25 años y se ha conducido con honradez; esperamos que haya justicia”, publicó el todavía coordinador de los senadores de Morena.
Por su parte, a través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado informó respecto a la liberación de la jueza:
“La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, informa en relación a la puesta a disposición de Angélica ‘N’, el pasado lunes 5 del presente mes y año, ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Xalapa, que estando dentro del término constitucional de las 48 horas, a criterio del órgano técnico investigador, hasta el momento no se cuenta con elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar, por los hechos posiblemente constitutivos de delito señalados por los elementos aprehensores.
“Por lo cual se dispone a dejar en libertad a Angélica ‘N’ en términos de lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para seguir diligenciando y acreditar su probable o no participación en los hechos de los que ha sido señalada, por lo que la investigación no ha concluido y continúa su curso”.
¿Por qué tanta saña contra la consuegra del subsecretario de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, cuando hay otras denuncias bien sustentadas en la Fiscalía Anticorrupción y en el Consejo de la Judicatura del TSJE, como por ejemplo el caso de una jueza que llevaba el proceso penal número 97/2023 por fraude y fraude procesal por la disputa de una herencia de 30 millones de pesos? Pronto daremos detalles de este caso.