En la pasada entrega de este espacio se daba cuenta de varios de los principales atentados perpetrados contra el medio ambiente y los hábitats naturales del país durante los casi cinco años que lleva el obradorato gobernando.
Pero un tema que no se alcanzó a tratar fue el de las graves afectaciones que ha dejado y continúa provocando el irresponsable manejo de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezado en este sexenio por Octavio Romero, un ingeniero agrónomo que no tiene peregrina idea de la industria petrolera, pero que es amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace, en lo que va de este sexenio los accidentes en Pemex y la gravedad de los mismos han aumentado 50 por ciento, ya que entre 2018 y el primer trimestre de 2023, el índice de frecuencia de siniestros asociados directamente a la actividad de la empresa pasó de 0.25 a 0.58, mientras que el índice de gravedad se incrementó de 15 a 32.
Pero para tener una idea más clara de la dimensión de lo que esto implica, no hay que ir muy lejos. A mediados de este mismo mes, una veintena de organizaciones ambientalistas, entre las que se encuentran el propio Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), denunciaron un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México que según sus estimaciones, comenzó desde el 4 de julio y que, de acuerdo con imágenes satelitales procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, para el 12 de julio se extendía por más de 400 kilómetros cuadrados sobre el mar, aproximadamente. Actualmente, se acerca a los 500 kilómetros cuadrados.
Se trata de un desastre ambiental de magnitudes todavía incuantificables que, como es costumbre, ha intentado ser minimizado por un gobierno opaco, irresponsable e incompetente, como el de la autoproclamada “cuarta transformación”.
Pemex confirmó el derrame de crudo en la zona de la Sonda de Campeche pero aseguró que solo se vertieron al océano el equivalente a 365 barriles, un volumen de 58 metros cúbicos que según la empresa solo afectó un área estimada de 0.06 kilómetros cuadrados, con un espesor de la película de aceite de un milímetro.
En la misma tónica, López Obrador desestimó este mismo lunes las afectaciones y se refirió al derrame como “una pequeña fuga ya disuelta de aceite, mucho muy pequeña”, para acto seguido y fiel a su vocación autoritaria y lejana a asumir sus responsabilidades, acusar de sensacionalismo a medios y organizaciones ambientalistas.
Pero la realidad es otra. La mancha negra de petróleo sigue expandiéndose en el Golfo de México y de acuerdo con especialistas de la UNAM, eventualmente llegará a las costas de Estados Unidos, Tamaulipas y Veracruz.
A Veracruz, empero, ya llegó. Este mismo lunes, medios de la zona sur de la entidad reportaron que al menos unos cuatro kilómetros de playas en Tonalá y Las Palmitas, en el municipio de Agua Dulce, presentan una gran cantidad de restos de hidrocarburo petrificado que se presume sería producto del mismo derrame de principios de mes minimizado por el gobierno.
En las imágenes compartidas en esos medios se observan las manchas negras sobre la arena de la playa y la acumulación de aceite en la espuma del mar. Eso no es lo peor.
La Fundación Caretta MX denunció que se encontraron especies marinas muertas sobre esos cuatro kilómetros de playa, entre las cuales había una tortuga carey, especie de por sí en peligro de extinción.
Las organizaciones que denunciaron el derrame sentenciaron que “la industria fósil pretende normalizar el sacrificio de personas y territorios como accidentes producto del error humano, cuando en realidad se trata de una característica propia de un modelo que externaliza los costos de los desastres asociados a su operación, siendo el mayor desastre de todos la crisis climática de la cual la industria fósil es responsable en un 70 por ciento”.
Pero para los criminales ambientales que gobiernan, lo importante es “defender el interés público”. Cualquier mentira que eso signifique.
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