La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión del decreto aprobado este sábado por el Congreso de Oaxaca, con el que se sustituyó al Tribunal de Justicia Administrativa estatal por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción.
Con la suspensión, solicitada dentro de la controversia constitucional que fue admitida a trámite este jueves y presentada contra la reforma avalada por los legisladores oaxaqueños, los magistrados del Tribunal estatal afectado podrán seguir en el cargo y no se les interrumpa el pago de sus percepciones en tanto se resuelve el juicio constitucional en la Corte.
Además, estos magistrados no podrán ser sustituidos por los nombrados para integrar el pleno del nuevo Tribunal, y tampoco se podrá dar curso a la indemnización a la que se refiere el decreto.
Los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena —integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte— emitieron la medida cautelar con la que suspendieron la entrada en vigor del decreto y mantiene vigentes las funciones del Tribunal de Justicia Administrativa estatal.
Además, establecieron en la suspensión que el Congreso local se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado para el Tribunal creado.
La SCJN indicó que además se analizará si la reforma constitucional realizada en Oaxaca siguió el procedimiento legislativo y si el decreto cumple con los principios establecidos en la Constitución.
El pasado sábado 22 de julio, los legisladores oaxaqueños aprobaron una reforma a la Constitución local con la que desapareció —bajo el argumento de los altos costos que representaba— el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca (TJAO) para crear en su lugar el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO).
En sesión extraordinaria, que duró poco más de siete minutos, el pleno aprobó, con 33 votos a favor y uno en contra, el proyecto de decreto presentado por el diputado morenista local Luis Alfonso Silva Romo, en el que argumentó que el TJAO mostraba un bajo desempeño tomando en cuenta los altos costos que representaba para el erario público.