La semana pasada argumentaba que había una probabilidad muy baja, menor al 10%, de que ocurriera una crisis económica de final de sexenio.
Esto se debía, en parte, al manejo razonablemente responsable que ha tenido el gobierno actual en las finanzas públicas. A pesar del endeudamiento que está proponiendo para 2024, el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público crecerá un total de 5.2 puntos como proporción del Producto Interno Bruto en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Calderón lo incrementó en 7.4 puntos y Peña en ocho.
Sí, el de 2024 será el año en que más se endeudará y gastará el actual gobierno. Por motivos electorales, dejaron la fiesta fiscal para el último año. Los primeros cinco no se endeudaron tanto porque subieron los ingresos tributarios al apretar duramente el cobro a los grandes contribuyentes; también desaparecieron y se gastaron el dinero de casi todos los fideicomisos públicos, y cortaron con machete muchas partidas de gasto. Todo ello les permitió endeudarse menos que los dos gobiernos pasados.
Por eso he argumentado que, en materia de finanzas públicas, el gobierno se comportó más como neoliberal ortodoxo que como populista irresponsable. De ahí que vayan a evitar una crisis económica de final de sexenio que sería letal para ellos desde el punto de vista electoral.
En este sentido, el gobierno de López Obrador ya la libró.
El problema será, sin embargo, para la siguiente administración.
Ahí sí que habrá presiones importantes en las finanzas públicas desde el primer día.
Número uno en la lista está la partida de pensiones.
Ya el año que entra, el gobierno deberá sufragar casi dos billones de pesos, 22% del total de todo el gasto público, en pagar pensiones contributivas (IMSS, ISSSTE, universidades públicas, etcétera) y las no contributivas, es decir, el programa social estrella de este gobierno, la Pensión Universal para Adultos Mayores, donde se erogarán 465 mil millones de pesos en 2024.
El boquete de las pensiones seguirá siendo cada vez mayor porque la población mexicana está envejeciendo. Este año se prevé que las personas mayores de 65 años representen 8.2% de la población total; para 2050 este grupo conformará cerca de 17 por ciento.
Cada vez habrá más viejos a los que deberá pagárseles sus pensiones, tanto contributivas como la universal que ya es un derecho en la Constitución. Este programa viene creciendo en montos porque el gobierno ha aumentado los beneficios. Comenzó con dos mil 550 pesos bimestrales. En 2024 se incrementará a seis mil cada bimestre.
El segundo boquete es Pemex, un barril sin fondo para el erario mexicano. La empresa es un desastre. Para efectos prácticos, está quebrada.
El gobierno de López Obrador ha tenido que rescatarla financieramente sin ponerle condiciones de mejoría administrativa. El negocio de la extracción de petróleo sigue siendo rentable, pero la empresa destruye valor en las demás actividades que realiza, la refinación en particular.
La administración de López Obrador le ha bajado los impuestos y regalías que le cobra por la extracción de hidrocarburos y ha aumentado las partidas para sufragar su desorbitada deuda. Tan sólo en 2024 destinarán 171 mil millones de pesos de transferencias a Pemex.
El próximo gobierno, además, heredará nuevos boquetes que tendrá que subsidiar. El aeropuerto Felipe Ángeles, el Benito Juárez y el Tren Maya, por ejemplo, no podrán operar a menos que el gobierno los subsidie.
La siguiente administración ya no tendrá fideicomisos que pueda cancelar y gastarse su dinero. Difícilmente tampoco podrá hacer mayores recortes en rubros que ya han sufrido mucho este sexenio (salud, educación, seguridad pública, por ejemplo).
Le quedará, entonces, endeudarse o cobrar más impuestos.
Lo primero se ve difícil porque, a diferencia del actual y los dos pasados, el siguiente gobierno ya no tendrá mucho margen para contratar más deuda sin generar consecuencias macroeconómicas negativas. Sobre todo, si, como lo hará López Obrador el año que viene, utiliza la deuda para financiar gasto corriente (en 2024, el Ejecutivo está proponiendo un endeudamiento de 1.8 billones de pesos, pero un gasto de inversión de sólo 888 mil millones; el resto se irá a gasto corriente, lo cual, por cierto, está prohibido por la Constitución).
Queda lo inevitable y de lo que ninguna de las dos candidatas presidenciales hablará en las campañas: aumentar los impuestos para mantener la salud en las finanzas públicas. Ésa será la bomba fiscal que le dejará López Obrador a su sucesora.
X: @leozuckermann