Hace más de 10 años que la ciudad de Monterrey y su Zona Metropolitana, donde habitan más de seis millones de personas en 13 municipios, no vivía jornadas de violencia tan extrema como las que se han registrado entre el lunes y el miércoles de esta semana. El martes de madrugada aparecieron 12 cuerpos desmembrados tirados y repartidos en calles, banquetas y avenidas de al menos siete municipios metropolitanos, incluido Monterrey, donde en total se reportaron 18 asesinatos ese día y ayer miércoles por la tarde hubo narcobloqueos con vehículos incendiados en Linares y Montemorelos, hechos que revivieron el terror y pánico entre los regiomontanos que no se vivían desde el periodo 2010-2013, cuando esa ciudad vivió una grave crisis de seguridad.
Si bien la violencia criminal no se generó de la noche a la mañana y ya hace meses que varios municipios de la Zona Metropolitana venían registrando incremento en asesinatos dolosos y balaceras, sí sorprende la forma tan repentina y fuerte en que ocurrieron las dos jornadas de violencia que motivaron incluso el envío de más de 100 soldados de las fuerzas especiales del Ejército para apoyar a la Fuerza Civil regiomontana, luego de que el presidente López Obrador reconociera los hechos violentos del pasado martes como «un día particularmente difícil» que vivieron los habitantes de esta gran urbe.
Oficialmente las autoridades estatales han atribuido estos brotes violentos del crimen organizado a los operativos y detenciones realizados por la Fuerza Civil, que dejaron un saldo de tres sicarios abatidos y siete detenidos, pero extraoficialmente se menciona en reportes de inteligencia estatal que la violencia tan fuerte de los últimos días también podría estar ligada a intenciones políticas de provocar caos y desestabilizar al gobierno del emecista Samuel García, que había expresado públicamente sus intenciones de ser candidato presidencial por su partido.
Y es que justo en momentos en que en Nuevo León se libra una guerra política entre el gobernador García y la mayoría opositora en el Congreso local, conformada por las bancadas del PRI y el PAN, además de diferencias con varios alcaldes metropolitanos de esos mismos partidos, se disparan los hechos de violencia vinculados al narcotráfico. Es inevitable pensar que un clima de inestabilidad y violencia, como la que empieza a vivir Monterrey y Nuevo León, claramente complicarían cualquier intento del mandatario estatal por pedir licencia a su cargo para buscar una postulación presidencial.
De hecho, las reacciones de la clase política y de los organismos empresariales, ante esta ola de violencia en el estado, fueron casi todas en el sentido de pedir al gobernador Samuel García y a los diputados del Congreso local «que cesen sus pleitos y se pongan a trabajar para evitar que se generalice la violencia». Hubo voces, como la de la directora del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, que directamente le pidieron al Gobernador que deje a un lado sus diferencias políticas y encabece las reuniones de seguridad. «Sabemos que ha estado viajando mucho y que está muy distraído ahorita con una campaña electoral, algo que tal vez ni siquiera se da, es necesario que se enfoque a arreglar los problemas de Nuevo León».
Ayer, durante una reunión de la Comisión de Marina del Senado de la República, a la que asistió personalmente el almirante Rafael Ojeda Durán, el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, le solicitó al secretario de Marina el envío «urgente» de agentes de la Armada para contener y frenar la ola de violencia en su estado. El legislador recordó que los elementos de Marina fueron claves para acabar con la ola de violencia que afectó al estado entre 2009 y 2012 y que permanecieron desplegados en el estado y en la Zona Metropolitana de Monterrey hasta 2019, cuando el presidente López Obrador ordenó su retiro.
Hasta anoche el gobernador Samuel García no se había pronunciado ni fijado la postura de su administración ante el aumento de la violencia y las acciones del narcotráfico. Hace dos meses, en julio pasado, cuando ya empezaba el repunte de la violencia con enfrentamientos entre grupos criminales y ataques a las fuerzas policiacas, el mandatario dijo en una rueda de prensa que la violencia que vivía el estado era consecuencia de la falta de una estrategia de seguridad federal. «En Nuevo León nos podríamos seguir blindando y cada vez más, pero si no hay una política de seguridad, de estabilización y de paz, en un México en llamas y en violencia, pues no me pidan que Nuevo León sea, ahora que está de moda, Dinamarca».
Entonces Samuel García afirmaba que su estado no era una isla, pero sostenía que la mayoría de los delitos iban a la baja «y ahorita Nuevo León está tranquilón». Hoy esa tranquilidad claramente no existe y en el industrioso estado del norte se están juntando varias crisis: la política con un pleito a muerte entre los poderes estatales, la del agua, con las protestas por la falta del vital líquido en varias colonias metropolitanas y la de la violencia del narco que, después de 10 años, vuelve a asomar su rostro cruel y descarnado, reviviendo épocas de pánico y terror para los regiomontanos en particular y los neoleoneses en general. Y repetimos la pregunta: ¿quién quiere incendiar a Monterrey? Los dados mandan Doble Serpiente. Mala racha.