Más pronto que tarde, y acaso inesperadamente, desde la Suprema Corte de Justicia llegó la respuesta al planteamiento presidencial relativo a utilizar el monto de los fideicomisos del Poder Judicial para contribuir a la reconstrucción de la infraestructura dañada por el huracán Otis en Acapulco y poblaciones circunvecinas. En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador lanzó el reto al Poder Judicial invitándolo a donar el monto de sus fideicomisos en beneficio de los damnificados de del huracán Otis, aunque adelantó el supuesto de que no lo aceptarían. Obviamente, el planteamiento presidencial lleva la jiribilla de exhibir una vez más a quienes incurren, según su opinión, en un delito de lesa austeridad al ganar sueldos exorbitantes, incluso de mayor monto al que recibe el propio presidente, y en ese contexto quizás no esperaba la inmediata respuesta en voz de la Ministra Norma Piña: “La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”. Así las cosas, debe suponerse que al presidente no queda otro recurso que el de señalar, como solicita la Ministra Piña, el canal institucional con el cual establecer los mecanismos necesarios para aterrizar su propuesta. Obviamente, estamos ante una confrontación de estrategias, y en este caso una vez recogido el reto lanzado por el ejecutivo federal, salvo salida retórica que no dejaría bien parado al titular del ejecutivo, a este no queda sino trazar la ruta para darle fiel destino al recurso económico de los fideicomisos, claro, si no media entre ambas voluntades algún recurso de suspensión contra la disposición presidencial de desaparecer esos fideicomisos. En lo inmediato, se abre un capítulo más en esta inédita confrontación digna de ser registrada en los anales de la división de poderes en México como un suceso histórico, pues la pugna se profundiza por el institucionalizado rito del dominio del Poder Ejecutivo sobre los otros Poderes, y en este caso se significa por el voluntarioso intento de castigar al Poder Judicial, aunque éste ahora saca la casta con un ¡ya basta! a la indignante supeditación de antaño. Tiempos de cambio, de rayos y centellas.