Agencias/Sociedad 3.0
Familiares de las víctimas y sobrevivientes del desplazamiento de la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, ocurrido después de la masacre que dejó sin vida a 45 personas en diciembre de 1997, están exigiendo al Gobierno mexicano que reconozca este hecho como un desplazamiento forzado interno.
El Consejo de la organización «Las Abejas» se pronunció frente al Poder Judicial de la Federación, en Tuxtla Gutiérrez, expresando que es necesario que se reconozca el desplazamiento forzado interno en el contexto de la masacre como una violación grave y múltiple de los Derechos Humanos en México.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas que se encontraba en la comunidad de Acteal fue atacado por presuntos paramilitares, también indígenas, resultando en la muerte de 45 tzotziles de la comunidad de Las Abejas, incluyendo a 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 15 niños y nueve ancianos.
Aunque varios sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal, la organización señala que desde 1995 habían denunciado las agresiones de grupos paramilitares, y a partir de mayo de 1997, la situación se agravó con asesinatos, saqueo y quema de viviendas y parcelas, culminando en la masacre de diciembre.
Casi 26 años después, aún existen personas desplazadas de 12 comunidades que no han podido regresar debido a la falta de condiciones seguras, y miles de personas más se ven obligadas a desplazarse debido a la presencia de grupos de la delincuencia organizada en el territorio de Chiapas.
El pasado 29 de septiembre, abogados de la organización «Las Abejas» presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para exigir la reparación integral del daño sufrido por más de 308 indígenas tzotziles víctimas del desplazamiento forzado.
Esta acción busca sentar un precedente para que todas las víctimas de desplazamiento forzado en México sean beneficiadas por la reparación del daño.
La protesta de los afectados ocurrió después de que, según ONG, los perpetradores de la masacre, presuntos paramilitares, fueron excarcelados uno por uno en los últimos 10 años y ahora se encuentran en libertad en la comunidad, sin que se haya castigado a los autores intelectuales.
Esta manifestación tiene lugar en medio de un aumento en la violencia e inseguridad en el estado de Chiapas, donde comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han advertido sobre un clima de «guerra civil» debido a conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado y carteles de narcotráfico, que han resultado en homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados.
Los sobrevivientes de la masacre de Acteal y las familias de las víctimas buscan justicia y reparación del daño por parte del Gobierno mexicano, y buscan que se reconozca que la masacre fue parte de una estrategia gubernamental para desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se levantó en armas en 1994, y que las personas que perpetraron la masacre fueron entrenadas por el Ejército mexicano.
Con información de Forbes