En la ciudad de Xalapa, automovilistas están haciendo un llamado urgente para regular el servicio de grúas y corralones que operan en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), argumentando que las tarifas impuestas por estos servicios son excesivas y que en ocasiones sus vehículos son remolcados sin justificación alguna. Además, subrayan que persiste el problema de la corrupción y el soborno en estas operaciones.
Ciudadanos que han sido sancionados y han tenido sus vehículos remolcados a los corralones, relatan experiencias desagradables para recuperar sus unidades. En muchos casos, el proceso de tramitación para la liberación de los vehículos se extiende durante varios días, lo que se traduce en costos adicionales significativos.
En Xalapa, diversas empresas, entre ellas Grúas Méndez, Garrido y Smart Grúas, SERMAX, proporcionan servicios de grúas en colaboración con la SSP. Sin embargo, los automovilistas señalan que esta relación también ha estado acompañada de prácticas cuestionables.
Entre las quejas más graves, los automovilistas han reportado la necesidad de ofrecer sobornos o «mordidas» a los oficiales de tránsito o al personal administrativo encargado de la liberación de sus vehículos como un medio para agilizar el proceso de recuperación. Esta práctica ilegal agrega una capa adicional de preocupación en el manejo de estas situaciones.
A través de redes sociales se pueden encontrar múltiples denuncias ciudadanas donde muestran el abuso que tienen los elementos de tánsito del estado con las grúas cobrando hasta los $3,500 pesos por el servicio de grúa de una motocicleta:
Es fundamental destacar que el remolque de vehículos solo debe llevarse a cabo cuando existe una infracción clara y se cuente con la presencia de un oficial de tránsito que brinde legitimidad al hecho. Sin embargo, varios conductores afirman que sus vehículos fueron remolcados sin ninguna causa legítima aparente.
Además, cuando los vehículos son llevados a los corralones por estar estacionados en áreas prohibidas, los conductores no siempre son notificados, ni se les entrega una boleta de infracción, lo que resulta en una pérdida de tiempo adicional para determinar si sus vehículos han sido sancionados o robados.
La comunidad exige al gobernador Cuitláhuac García que tome medidas enérgicas para detener estas prácticas de extorsión. Si no está involucrado en este negocio, se espera que cese de inmediato el cobro de sobornos y actos de corrupción por parte de la SSP y Tránsito del Estado.