Antonio Lagunes Fuertes
El acceso omnipresente a dispositivos electrónicos ha originado una digitalización progresiva en todos los ámbitos de nuestras vidas. Este fenómeno descubre una paradoja inquietante. Por un lado, nos ofrece múltiples oportunidades para comunicarnos, informarnos, realizar trámites y acceder a servicios. Por otro lado, nos expone a riesgos que se presentan en el espacio virtual. Diariamente, en México y en el mundo, millones de personas son víctimas de algún tipo de delito informático. La falta de competencias y alfabetización tecnológica hace que, en su mayoría detecte siquiera las siniestras amenazas que se transmite a través del internet, las redes sociales y diversas aplicaciones. El peligro no se limita a las personas: los gobiernos y las empresas multinacionales también están en la mira de la ciberdelincuencia.
Algunas estadísticas indican que los delitos cibernéticos presentan un incremento exponencial. Cifras de la Unidad de Inteligencia financiera, reportan que, en nuestro país, entre 2018 y 2020, esta amenaza creció un 95%. De acuerdo con una investigación sobre la densidad de los ciberdelitos a nivel global de la empresa de ciberseguridad Surfshark, un total de 1,100 mexicanos fueron víctimas de delitos cibernéticos en 2022, siendo el phising, el delito cibernético más frecuente. En México, 13 de cada millón de usuarios de Internet fueron afectados por la ciberdelincuencia, lo que lo ubica en el noveno lugar del ranking de cibercriminalidad y como el de mayor incidencia en Latinoamérica. La investigación también señala que, en el año pasado, el país con mayor número de delitos fue el Reino Unido, con 4,371 víctimas de delitos cibernéticos por cada millón de usuarios de Internet.
Según la firma de seguridad Sophos, en nuestro país, 3 de cada 4 internautas ha recibido un mensaje de phishing. Desde el punto de vista financiero, el fraude de inversiones resultó ser el más devastador. Ésta forma de estafa alcanzó una pérdida promedio de 108 000 USD por víctima. Plataformas como banca electrónica, comercio online y redes sociales se han convertido en cotos de caza ideales para estafadores.
Los ataques de phising se realizan a través de correos electrónicos, SMS o sitios web apócrifos que solicitan información personal o financiera. El objetivo es que se compartan datos confidenciales como números de cuentas o contraseñas con el fin de robar su identidad o dinero, realizar compras fraudulentas u otros delitos.
Otra forma de estafa cibernética es la conocida como carding, que accede ilegalmente a los datos de una tarjeta bancaria, ya sea de crédito o de débito. Al menos el 12% de los mexicanos ha sufrido un ataque de este tipo. Según datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, las denuncias por este tipo de fraude en la CDMX se dispararon 217% entre 2021 y 2022.
Otros delitos de alto impacto, como los ataques a infraestructuras críticas y los ataques de ransomware a gran escala, se han convertido en serias amenazas para los gobiernos y las empresas. El ciberataque al oleoducto Colonial Pipeline en 2021, que paralizó el suministro de combustible en la costa este de Estados Unidos durante varios días, es prueba de ello. Este tipo de ataques tienen diferentes impactos que generan y van más allá del ámbito económico, ya que en ocasiones ponen en riesgo la privacidad e integridad de millones de usuarios, como lo demuestra el reciente ataque de ransomware a la empresa de servicios tecnológicos GTD, donde se vieron comprometidos los servicios de data center, telefonía, VPN e internet de más de 3, 000 clientes en Chile y en menor medida Perú. Entre los servicios más importantes afectados se encuentran el sistema de atención a beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA), Salud Responde; las firmas digitales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el sistema RPE de la Alta Dirección Pública, que afectó a más de más 77 municipios; y gobiernos regionales, entre otros.
Ante este panorama amenazador, debemos considerar la implementación de medidas que contemplen aspectos tanto técnicos como sociales, como desarrollar programas y soluciones innovadoras de ciberseguridad que comprendan desde los sistemas antivirus hasta software antifraude, así como legislación para aminorar la ciberdelincuencia. También es necesario fortalecer los equipos de investigación y persecución de delitos informáticos. De igual manera, es fundamental concientizar al público sobre los riesgos del entorno digital y cómo protegerse fortaleciendo las prácticas de seguridad, como el uso de contraseñas complejas y difíciles de adivinar.
Otro elemento necesario para reducir la incidencia del delito cibernético es la cooperación internacional, ya que la globalización provocada por el internet permite a los ciberdelincuentes operar desde cualquier parte del mundo. Lamentablemente, según diversos informes, México se ha convertido en un centro de redes criminales transnacionales de fraude y extorsión telefónica.
Uno de los datos que muestra la necesidad de mejorar la cultura de la ciberseguridad en nuestro país es la información proporcionada por la ENINET 2021 de la UNAM. Ésta muestra que sólo 14% de los mexicanos afirman saber sobre delitos cibernéticos y ese porcentaje es insignificante considerando que 94% de la población mexicana es usuaria de internet.
Finalmente, los expertos en este campo deben abordar esta problemática e intentar frenar la amenaza que supone este fenómeno antes de que su avance se vuelva irreversible. Los ecosistemas digitales deben seguir siendo sinónimo de progreso, no de indefensión. Sólo cuando los gobiernos, los expertos y los ciudadanos trabajen en coordinación podremos ganar esta batalla mediante la información, la prevención y una acción decidida y coordinada.
Ideario en perspectiva.
A medida que se acerca la competencia electoral, diferentes actores comienzan a definir sus estrategias y consolidar sus equipos. El panorama general cambia con cada elección; Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que pueden influir en los resultados. Uno de ellos es la capacidad de forjar alianzas entre diferentes sectores y promover una agenda inclusiva. Asimismo, será importante presentar propuestas claras y detalladas sobre cómo abordar los desafíos actuales de manera innovadora. De gran importancia será la comunicación y el diálogo interactivo y continuo, a través de plataformas digitales, con las nuevas generaciones. Asimismo, contar con el apoyo de líderes reconocidos que atraigan el apoyo de la gente.
Otro factor a considerar es un profundo conocimiento de las realidades regionales y las posibles soluciones por territorio. También, influirá la idoneidad y la trayectoria impecable de quienes integrarán sus equipos. Finalmente, se valorará la visión de futuro que presenten, fundamentado en principios de desarrollo sostenible e inclusivo, que aborde los desafíos desde una perspectiva progresista.
Todavía hay tiempo para observar la posición de cada actor y evaluar sus puntos fuertes. Los debates públicos que se realizarán en el futuro, permitirá a los veracruzanos conocer las alternativas, evaluarlas y determinar cuál de ellas ofrece un horizonte más promisorio para el estado.