A lo largo de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador ha errado en muchos asuntos que son de importancia para el país. Pero ninguno de ellos puede compararse con el que pasará a la historia como su yerro más trágico: la demolición del sistema de salud pública que había sido creado por el gobierno federal en 2004 y que proporcionaba, a través de los hospitales de las 32 entidades federativas, servicios de salud para los mexicanos sin seguridad social.
El desastre inició oficialmente el primero de enero del año 2020, cuando el presidente López Obrador desapareció lo que se llamaba entonces Seguro Popular y decidió crear, sin planeación de por medio, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Los resultados de su gran idea son de sobra conocidos. De acuerdo con cifras oficiales del Coneval, el número de mexicanos sin acceso a los servicios de salud creció de 20.1 millones de personas en 2018 a 50.4 millones en 2022. De esa magnitud fueron las consecuencias del error presidencial.
Ante esa trágica evidencia, a López Obrador no le quedó otra alternativa que echarse para atrás. Así que en mayo de 2023 ordenó extinguir el Insabi para dar paso a su segunda gran idea al respecto: los servicios de salud, para la población sin seguridad social, deberían mejor ofrecerse a través de lo que hoy se conoce como IMSS-Bienestar (y en sexenios anteriores como IMSS-Coplamar, IMSS-Solidaridad, IMSS-Oportunidades e IMSS-Prospera).
Ese viejo organismo descentralizado del IMSS ha pretendido, desde los años setenta del siglo pasado, ofrecer servicios de salud a la población que vive mayormente en el sector rural. Pero no tiene cobertura nacional y sus servicios son básicos (tiene esencialmente clínicas antes que hospitales). Para el IMSS-Bienestar sería imposible ofrecer servicios de salud adecuados para la población no sólo en lo que resta de este sexenio, sino también durante el siguiente. Simplemente no hay recursos.
Pero, como dice el dicho, prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Así que el presidente sigue lanzando a diestra y siniestra promesas sobre el nuevo sistema de salud pública que afirma que tendremos en un futuro próximo. Cuando anunció la creación del Insabi, por ejemplo, aseguró que nuestro sistema sería pronto equiparable al de Dinamarca. Un sueño guajiro porque, para empezar, ese país dedica recursos que son, en términos del PIB, más de tres veces mayores que los nuestros.
Siguiendo con las promesas, hace pocos meses López Obrador tuvo una nueva gran idea. El gobierno debería crear una especie de súper farmacia, una farmaciotota, donde se pueda almacenar todas las medicinas que los mexicanos pudiéramos requerir. Y en la creación de ella anda trabajando ahora Birmex, otro viejo organismo descentralizado, sin tener idea del universo de medicinas que tiene que almacenar, ni mucho menos de cómo distribuirlas. Otro sueño guajiro.
Ahora bien, hay un tema relativo al sistema de salud que ha pasado inadvertido en estos días y que sí reviste importancia. En el Senado se encuentra una iniciativa que pretende, entre otros asuntos, reformar la Ley General de Salud para que no esté obligado el gobierno federal a promover la descentralización de los servicios de salud hacia los estados. De aprobarse, se atentaría contra el espíritu federalista de México.