Los tres hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador están nuevamente en el centro de la arena pública, muy agitada y encendida por diversos temas que, sin embargo, no han sido lo suficientemente impactantes para ocultar las recientes imputaciones sobre conflictos de interés y corrupción en los que han sido señalados. Las revelaciones periodísticas tomaron por sorpresa a todos en Palacio Nacional, lo que encendió una vez más al Presidente que regañó fuerte a sus colaboradores, en particular al vocero Jesús Ramírez Cuevas, por lo que describió como su incapacidad para enterarse y anticipar este tipo de reportes que le pegan debajo de la línea de flotación y dañan su discurso de honestidad.El reporte que más afectó al Presidente, por su odio personal contra el periodista Carlos Loret, fue la investigación del experimentado reportero Mario Gutiérrez publicada en el portal de Latinus, sobre Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo mayor de López Obrador cuyas andanzas se habían mantenido por debajo del radar público, al que define como “articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya”, revelada por Amílcar Olán, íntimo amigo de Gonzalo y de su hermano Andrés, que también había resultado beneficiado con un contrato millonario por la venta de medicamentos en Quintana Roo.
Gutiérrez descubrió que Gonzalo supervisa los tramos del Tren Maya y “el millonario negocio del balasto”, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren. Mario Maldonado, columnista de negocios y política de El Universal, aportó mayores datos sobre este caso destapado en Latinus y reveló que Amílcar Olán vendió el balasto a la Secretaría de la Defensa con un sobreprecio de casi 70% comparado con el mismo material adquirido a otros proveedores y que las compañías vinculadas a Gonzalo y Andrés, el influyente segundo hijo del Presidente, vendieron el balasto 55% más arriba de lo que el gobierno pagó a Cuba, cuando el Presidente apoyó económicamente a ese régimen.
En la misma semana, los reporteros Raúl Olmos y Vanessa Cisneros revelaron en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que la empresa Brick Contratistas, inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de México dos semanas después de que López Obrador ganó la elección presidencial, recibió un contrato de 400 millones de pesos para la sexta etapa del Malecón de Villahermosa, que por instrucciones presidenciales supervisaba un amigo de su hijo. Brick Contratistas tiene como accionista a un fondo de capital creado por Luis Doporto Alexandre, mencionado en los Panama Papers y a los distribuidores de “Grava y Arena”, la marca de mobiliario urbano de Hugo Buentello, exfuncionario de Segalmex, donde se cometió el mayor fraude conocido del sexenio hasta el momento y es parte de la red de amigos de Andrés.
La semana de revelaciones embarazosas y delicadas para el Presidente iniciadas por Latinus, cayó como meteorito en Palacio Nacional, donde el Presidente ordenó a Ramírez Cuevas un control de daños inmediato. El vocero quedó totalmente rebasado porque en la mañanera fueron varios los periodistas fuera de los que están a sueldo y bajo su control que le pidieron a López Obrador su reacción, que como es su táctica, desmintió y atacó al mensajero.
López Obrador ordenó que se hiciera un seguimiento permanente y riguroso de Latinus, pues desconocen que más información y qué tan grave puedan tener. Hasta ahora esto sólo había ordenado hacerlo sobre Loret, quien desde hace casi seis meses, junto con otro columnista político, ha sido objeto de espionaje ordenado por el Presidente, con instrucciones para que hurguen la vida privada de ambos periodistas para que pueda ser explotado por López Obrador y sus redes de ciberfrancotiradores.
El Presidente sabe bien, porque es un acucioso lector de encuestas, que el tema de corrupción vulnera fuertemente su narrativa de honestidad e integridad y que es el señalamiento que más impacta en su popularidad. La última encuesta de El Financiero mostró que López Obrador cerró el año con una aprobación estable (se mantiene en 55%), pero mostró una caída en la percepción sobre la lucha contra la corrupción (2%) y un desplome en su honestidad de 11%.
López Obrador debe estar consciente de lo que esta serie de revelaciones puede provocar en un año electoral y tiene una fuerte preocupación por lo que acusaciones de corrupción puedan afectar a sus tres hijos mayores -José Ramón, el primogénito, excéntrico y voyerista, ha estado rodeado por imputaciones sobre conflictos de interés-, al terminar su sexenio, como lo sugiere que hace dos años le pidió al fiscal general Alejandro Gertz Manero que diseñara una estrategia jurídica para blindarlos de cualquier incriminación de haber participado o resultado beneficiados de negocios ilícitos.
En los movimientos que está desarrollando Palacio Nacional para neutralizar las acusaciones de corrupción y neutralizar las investigaciones periodísticas, está ausente la reflexión sobre las razones porque cada vez son más frecuentes y extendidas -por el mayor número de medios interesados en el tema- este tipo de informaciones. Los periodistas han cuidado bien sus fuentes, pero ¿quiénes pueden proporcionar pistas o información sobre las redes de presunta corrupción de los López? El nivel de detalle permite conjeturar que la información es interna, lo que lleva a una reflexión ausente en el Presidente y sus consejeros.
Veamos. Si las revelaciones sobre corrupción en su más íntimo entorno se han venido dando desde los meses en que su poder era inmenso y su capacidad para responder autocráticamente con todos los instrumentos, judiciales, fiscales y políticos a su disposición era inconmensurable, el creciente número de investigaciones periodísticas que se están registrando dejan ver que el miedo a López Obrador se está acabando y que las fuentes con calidad de información están comenzando a abrirse y a pasarles facturas.
Estamos a 10 meses que cambie gobierno y el potencial de que surjan más revelaciones sobre la probable corrupción de sus hijos es altamente factible, como muestra la preocupación que causó en Palacio Nacional la investigación de Latinus.