Por si quedaba alguna duda del uso faccioso y politizado de la justicia que se está haciendo en este país, particularmente en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ayer se reveló que el título de licenciado en Derecho que presentó el vocero Ulises Lara, para poder ser designado como encargado de despacho de esa Fiscalía, apenas recibió su cédula profesional del Registro Nacional de Profesiones de la SEP en estos primeros días de 2024, y habría sido otorgado por una universidad «patito» denominada Centro Universitario Cúspide, ubicado en el barrio de San Lucas en Iztapalapa.
Con el número 13908423, a nombre de Ulises Lara López, el Registro de la SEP informa en línea que la cédula profesional que lo acredita como abogado, según el título otorgado por el mencionado centro Cúspide, se expidió en el presente año, por lo que o fue tramitado a finales del año pasado, o al exvocero y ahora responsable de la Fiscalía capitalina le dieron un tratamiento especial para expedirle al vapor y fuera de los tiempos oficiales que normalmente tarda ese registro para otorgar una cédula profesional, que según se informa en la página oficial de la SEP son «en un máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de la documentación».
Si tomamos en cuenta que se atravesaron las vacaciones de diciembre y los días inhábiles de ese mes, más los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero, la solicitud que hizo el señor Ulises Lara para que le expidieran su cédula debió hacerse en el mes de noviembre de 2023, a menos que le hayan dado un «tratamiento especial» al funcionario capitalino y militante de la 4T. Pero lo más extraño del caso es que en el currículum público del señor Lara nunca apareció que tuviera estudios de licenciatura en Derecho, pues en la misma página oficial de la FGJ CDMX se informaba, antes de su nombramiento como encargado de despacho hecho el pasado martes por la fiscal saliente Ernestina Godoy, que tiene licenciatura en Sociología, dos maestrías y diplomados y es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El mismo diario La Jornada, en su nota fechada el 9 de enero pasado, donde informaba del nombramiento que le otorgó de último momento su exjefa, la doctora Godoy, con el fin de habilitarlo como encargado de despacho para quedarse al frente de la Fiscalía, luego de que a ella le negaran la ratificación al no alcanzar la mayoría del Congreso local, citaba con base en «información de la dependencia» que Lara López sólo era licenciado en Sociología y había cursado «dos maestrías y diplomados», además de ser profesor de asignatura de las licenciaturas de Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM.
¿Cómo entonces apareció de repente un título de abogado expedido por una escuela privada y registrado al vapor en la SEP? La única explicación posible pudiera ser que, cuando supieron que la doctora Godoy no sería ratificada y revisaron la ley orgánica de la Fiscalía, se dieron cuenta que a la salida de la Fiscal, que ocurrió ayer, tenía que asumir temporalmente la dirección de la dependencia el Coordinador de Investigación Territorial, Oliver Ariel Pilares y, como seguramente no querían que ese funcionario quedara como encargado, decidieron habilitar a Ulises Lara otorgándole ese nombramiento al cuarto para las doce.
El problema es que ayer mismo, tras conocerse el nombramiento y la maniobra instrumentada por la Fiscal para dejar en el cargo a un hombre de toda su confianza como su vocero, varios juristas expertos salieron a decir en los medios de comunicación y en redes sociales que el señor Ulises Lara no cumplía el requisito legal, establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, como una condición necesaria de que quien sea nombrado Fiscal debe tener el título de licenciado en Derecho. Y extrañamente, un día después de esa observación, que ayer mismo hacía desde el Congreso local el diputado del PAN, Ricardo Rubio Torres, secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, repentinamente apareció el título de abogado del ahora encargado de despacho.
El Centro Universitario Cúspide México, como se denomina la escuela privada que le otorgó el título de licenciado en Derecho a Ulises Lara, es propiedad de Fernando Horacio Cordero Durán, un funcionario de segundo nivel del gobierno de la CDMX, quien fue denunciado por fraude por varias personas de la Alcaldía Venustiano Carranza en 2019, que lo acusaron de malos manejos y acciones fraudulentas en el INVI. Fue precisamente en el Instituto de Vivienda capitalino donde se conocieron el dueño de la universidad «patito» y el actual encargado de la Fiscalía y desde ese año a los dos funcionarios se les involucra en denuncias por ofrecer viviendas que nunca entregaron a los solicitantes.
El citado centro universitario ubicado en la Alcaldía Iztapalapa ofrece en su publicidad «Becas del 100% en el pago de la inscripción para alumnos de nuevo ingreso», a los que ni siquiera les piden un examen de admisión. Ayer mismo, si se consultaba la dirección de esa escuela privada en el buscador de Google, a las 5:50 de la tarde, aparecía como «cerrado», en un día de clases normal, aunque decía que abrirían hoy jueves a las 9:00 am.
Está claro pues, que en las prisas de Ernestina Godoy y seguramente de la que fuera su jefa por dejar al frente de la Fiscalía a alguien incondicional, militante y que le cuidara las espaldas a la doctora, que salió en medio de fuertes cuestionamientos y denuncias ciudadanas, a alguien se le olvidó checar si Ulises Lara cumplía con todos los requisitos legales para ocupar esa posición y, ante el riesgo de que les impugnaran el nombramiento, se instrumentó una rápida y burda maniobra para titular como abogado al nuevo encargado de la Fiscalía de la CDMX.
Cualquiera de los escándalos de titulaciones por plagio de los que han indignado a la opinión pública en los últimos meses, comenzando por el de la ministra Yasmín Esquivel, siguiendo con los de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum y rematando con el de la propia exfiscal Ernestina Godoy, parecen cosa de niños ante la burda y vergonzosa fabricación de un título de licenciado en Derecho al vapor, emitido por una escuela privada dudosa y legitimado por la Secretaría de Educación Pública. Si Vasconcelos viviera, se volvería a morir. Y por lo pronto el Centro Universitario Cúspide ya puede sumar a su publicidad engañosa de «becas del 100%» para sus alumnos, una nueva y atractiva oferta: «¿Te urge un título de abogado para ocupar un cargo sin violar la ley? Aquí te hacemos abogado en un día»… Los dados mandan Serpiente Doble. Se rompió la buena racha.