El drama de los migrantes siempre es sobrecogedor y expresa en muchos sentidos el fracaso del modelo económico y de las políticas públicas de los gobiernos de sus países para ofrecerles alternativas dignas de vida. Sufren no solo la separación de sus familias y sus comunidades para correr el riesgo de cruzar la frontera del vecino país del norte y sortear la persecución de las autoridades migratorias estadounidenses, sino que en años recientes deben enfrentarse a peligros mayores: los secuestros, desapariciones, torturas y la leva del crimen organizado para sumarlos a sus filas, ante la tolerancia de autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno de nuestro país.
El problema se ha agudizado pues la región presenta un flujo migratorio “sin precedentes”, como advirtió la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 16 mil migrantes que llegan al día a las fronteras de México. Y así como llegan, igual peligran, pues en los últimos 10 años más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su más reciente informe sobre el tema.
En este sombrío panorama, una raya más al tigre se contabiliza con el reciente caso de los 31 migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre en Tamaulipas. Como se recordará, la tarde de ese sábado un grupo armado a bordo de cinco camionetas interceptó el autobús en que se desplazaban. Los criminales se llevaron a la mayoría, dejando libres solo a cinco, además de los choferes, que alertaron a las autoridades. La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo que entre los secuestrados había ciudadanos venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos, y este jueves 4, el presidente López Obrador confirmó la liberación de 32 migrantes en Tamaulipas, entre ellos una niña de un año, hecho que no fue un rescate de las fuerzas del orden, sin que hasta el momento haya detenidos. Ni los habrá, júrelo usted.
Este episodio nos regresa al horror descrito por la periodista Marcela Turati en su libro “San Fernando: última parada” (Aguilar 2023), en el que la reportera busca explicar cómo llegamos al México del “crimen autorizado”. Este texto nos remonta al secuestro y exterminio de migrantes ocurrido en San Fernando, un municipio de Tamaulipas convertido en el epicentro de esta barbarie, en los años 2010 y 2011, y cuyo aporte principal es ayudarnos a desentrañar el sistema de impunidad que hace posible que el horror se reproduzca una y otra vez, no sólo en Tamaulipas, sino en todo el territorio nacional.
Un recuento de testimonios e historias de personas desaparecidas, secuestros masivos de migrantes, reclutamiento de jóvenes por grupos criminales, ejecuciones, masacres, fosas clandestinas, extorsiones, corrupción de autoridades, infiltración de fuerzas policiales, abusos militares, es lo que nos recuerda la periodista en su obra, desgarradora pero fundamental para dimensionar la tragedia que vivimos en México.
El secuestro de los migrantes de finales de diciembre ha puesto el foco de nuevo en la ruta migrante del Golfo de México, la ruta del terror, testigo de las mayores atrocidades cometidas contra migrantes en el país. Empresarios, religiosos y defensores de derechos humanos señalan que la violencia contra la población migrante es habitual en la ruta y los secuestros el pan de cada día.
Para ilustrar la gravedad del asunto vale referir que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en una reciente conferencia mañanera del presidente indicó que el 90 por ciento de los secuestros que se registran en México son contra personas migrantes.
De acuerdo con los reportes, en algunos de estos casos los plagiarios han pedido de 2,000 a 2,500 dólares (de 34 mil a 42 mil 500 pesos) por liberar a cada uno de los migrantes. Mientras que algunas familias de migrantes han denunciado que incluso han llegado a pagar entre 60,000 y 70,000 pesos por persona.
A mediados del 2023, al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el contexto del drama que significa el dato de que en nuestro país hay más de 110 mil personas desaparecidas, cifra que ha sido rechazada por el gobierno federal que presentó a finales de año sus propios datos que contabilizan 12 mil personas de las que se desconoce su paradero, diversas organizaciones civiles alzaron sus voces en para denunciar otros datos alarmantes: más de mil 800 migrantes están desaparecidos en el país y de éstos uno de cada cuatro migrantes desaparecidos en México son menores de edad, lo que es revelador de la dimensión trágica del problema, cifras basadas en los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda.
La situación de violencia y maltrato hacia los indocumentados es terrible y el drama es que, como ocurre ya con la mayoría de la población, no sólo tienen miedo a la delincuencia, sino a las policías, las instituciones y a los funcionarios.
En este contexto, la política migratoria en México poco ha resuelto del problema, pues no ha logrado detener el flujo de solicitantes de permisos de tránsito y la estrategia de detenciones no para. En los últimos cinco años México ha devuelto a su país a 507 mil 309 personas. En tanto que las cifras de visas humanitarias expedidas por el actual Ejecutivo son las más altas de los últimos gobiernos de México y las solicitudes de refugio en México han roto los récords al registrarse una cifra que ronda las 150.000.
Es evidente que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha superado con éxito la difícil misión de mejorar las condiciones de tránsito o estancia en el país, lo que ha envuelto a los migrantes a una espiral de violencia y falta de derechos básicos.
Hasta septiembre de 2023, el Gobierno estadounidense había detenido a más de dos millones de personas en la frontera con México, lo que agrava la situación. El problema para México se potenció en 2019 cuando el gobierno de AMLO dejó que la administración de Donald Trump metiera el tema migratorio en la relación bilateral y que tras varios desencuentros diplomáticos terminó con el despliegue de la Guardia Nacional en los límites norte y sur de México, hecho festinado por Trump que aseguró “que forzó al gobierno de López Obrador a darle 28.000 soldados gratis”. Con el actual presidente, Joe Biden, la relación bilateral ha mejorado pero la política de contención y detenciones masivas sigue. Como dato ilustrativo tenemos que en solo en junio de 2019 se atajó a 30.971 personas, a 46,717 en septiembre de 2021 y a 83,725 en agosto de 2022, por citar algunos datos.
México contaba en septiembre 2022 con espacio para 6.883 migrantes en 57 estaciones migratorias en todo el país, según datos recabados por la organización civil IMUMI en el Portal Nacional de Transparencia. Pero el Gobierno anunció el cierre de 33 tras la tragedia que terminó con la muerte de 40 migrantes por un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, en marzo del 2023.
Normalmente, los migrantes esperan en estos centros a ser procesados, admitidos en el país o esperan a su condición de asilo en Estados Unidos, pero ante la creciente llegada de personas estos albergues se han visto superados con creces, y hoy vemos en diversos puntos del país como Ciudad de México, Tapachula, Oaxaca o Ciudad Juárez a cientos de migrantes que duermen en las calles en condiciones muy vulnerables. Ante esta circunstancia, los albergues de organizaciones de apoyo han sido la salida ante las carencias del sistema migratorio mexicano.
Ante este inacabable drama de los migrantes, de poco ha servido simular, ocultar y no mostrar voluntad política para descifrar la verdad de las masacres, desapariciones forzadas y otros crímenes.
Este es un tema que, inscrito en el gran pendiente del combate al crimen, la erradicación de la impunidad y el garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, deberá abordarse sin duda en los planteamientos de los aspirantes a la presidencia.
De hecho, ha sido patente el llamado de las ONG´s que velan por los derechos de los migrantes para que el próximo sexenio cambie la forma de ver y abordar el tema de la migración, poniendo el acento en los derechos de las personas y asegurando que las personas puedan moverse, encontrar trabajo, mandar dinero y saber que pueden desplazarse sin miedos y sin exponerse a ser secuestrados por las bandas criminales.
Ese es el mayor reto en materia de política migratoria y de seguridad para la próxima administración.