Desde el inicio del actual sexenio, fue evidente y agresiva la embestida del régimen para tomar por asalto los medios públicos y convertirlos, en lugar de medios del Estado, en órganos propagandísticos del gobierno.
Emisoras como el Canal Once y el 22, otrora referentes de la televisión cultural a nivel mundial, se vieron secuestradas por facilitadores, propagandistas, voceros y paleros de la “4t”, usando sus espacios no solo para ensalzar al régimen, sino para atacar, con recursos del Estado mexicano, a ciudadanos que expresaban desacuerdo con el gobierno o a los que éste catalogaba como “adversarios”, pero a los que en realidad les da trato de enemigos.
Mención aparte merece el caso de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Al frente fue colocada una periodista militante del obradorismo, Sanjuana Martínez, que con las fobias que caracterizaron su desastrosa gestión terminó por destruir a un medio estatal que, aunque siempre fue de orientación oficialista, sí prestaba un valioso servicio informativo.
El año pasado, tras cinco años de un conflicto laboral creado y mantenido “por las pistolas” de Sanjuana Martínez, el gobierno decretó el cierre definitivo de Notimex y la liquidación de sus activos y de los trabajadores, en una muestra más de que lo único que saben hacer es destruir. Pero más allá de eso, quedó exhibido una vez más el “modus operandi” del régimen de la dizque “transformación” para desviar recursos públicos para campañas, en este caso, para la de Claudia Sheinbaum.
En un giro inesperado –aunque en realidad, previsible-, Sanjuana Martínez publicó dos cartas en La Jornada -el medio más beneficiado con recursos por publicidad oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de las dos grandes televisoras-, en las que denunció que prácticamente fue extorsionada para entregar dinero a la campaña de Sheinbaum.
Martínez aseguró que el director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), José Luis Sánchez Cuazitl, le ofreció en un primer momento una bolsa de 150 millones de pesos para liquidar al personal que trabajaba directamente con ella a cambio de que entregara el 20 por ciento de ese monto –o sea, 30 millones- a la campaña de Sheinbaum.
Según Sanjuana, “me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza se nos ofreció sólo 6 por ciento de los 256 millones entregados al sindicato junto a 14 millones en concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto”.
Esta revelación –que no hizo ningún “adversario” del obradorismo, sino una periodista militante que lo había defendido literalmente hasta la ignominia- provocó un cataclismo dentro de la “4t”, que como acostumbra ha salido a negar la acusación y a exigirle pruebas a Martínez. Como si se expidieran recibos de las extorsiones.
No es el único medio público que se ha visto en medio del escándalo por su uso faccioso en favor del morenato. En la entidad, la televisora estatal, Radiotelevisión de Veracruz, fue denunciada por haber transmitido íntegro el mitin de arranque de campaña de la precandidata de Morena, Rocío Nahle García, en un acto de abierto abuso de poder, desvío de recursos públicos, sesgo y falta de equidad en la contienda en favor de la abanderada oficial.
Ése ha sido el uso faccioso y delincuencial que le ha dado el obradorato a todos los recursos del Estado, y en particular a los medios públicos, que son propiedad de todos los ciudadanos, pero que hoy manipulan a su antojo quienes antes demandaban equidad en el acceso a medios y respeto a la pluralidad.
Para ellos, son un simple botín al que llegaron a saquear. Como todo lo demás.
Los peores, en el peor momento
Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés son, sin lugar a dudas, los peores dirigentes del PRI y del PAN, respectivamente, en toda su historia. Y representan un lastre de tal magnitud que a ellos habrá que responsabilizar si el obradorato se perpetúa en el poder.
Son los peores, en el peor momento.
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