La cascada de críticas, calificativos y epítetos contra Ulises Lara tras haberse ido a dormir un día con el título de sociólogo y al día siguiente amanecer también con el de abogado, un requisito legal para que pudiera asumir el cargo de fiscal general interino de la Ciudad de México, es un momento paradigmático de los tiempos que vivimos, pero permite analizarlo como un estudio de caso para que el día de las votaciones el primer domingo de junio la gente esté consciente de su decisión al cruzar la papeleta.
La designación de Lara fue resultado del fracaso de la ratificación de Ernestina Godoy en el cargo, que es donde comienza este episodio. La ratificación de Godoy se le encargó desde Palacio Nacional al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que no pudo lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. Cuando se vio obligada a dejar el cargo anunció que dejaría como interino a Lara, que fue su vocero, lo que desde el primer momento generó inquietud porque el no ser abogado se vio como un problema en la Presidencia. La salida provendría de quien menos esperaban, Clara Brugada.
Fue ella, candidata de Morena al gobierno de la capital federal, quien proporcionó la solución y se ofreció a conseguirle el título de licenciado. En 24 horas el Centro Universitario Cúspide, que se encuentra en Iztapalapa, la Alcaldía que gobernó Brugada, le entregó el título y la Secretaría de Educación Pública, también de manera exprés, le expidió la cédula profesional de licenciado en Derecho. No hay ningún antecedente de los estudios de Derecho de Lara, que debieron de ser presentados para obtener la cédula que, por lo demás, es un trámite que no dura horas sino semanas.
Brugada, que ha tenido dos reuniones con López Obrador para revisar su estrategia electoral y que ha sido arropada por el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, proporcionó el importante salvavidas, al menos temporal, porque al tener ahora el título de licenciado, Lara podría ser incluido en la terna que el Consejo General Ciudadano deberá presentar ante el Congreso capitalino, en donde se necesita una mayoría calificada para su designación.
La candidata jugó políticamente fino. Lara no pertenece al grupo de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial, en el cual sí se encuentra Godoy, sino al de Brugada. El fiscal interino tenía copado a su exjefa Godoy y había colocado a varias decenas de colaboradores cercanos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También tiene una vieja relación con Batres, no sólo política desde que coincidieron en el gobierno capitalino, sino porque es prácticamente su cuñado, al ser el padre del hijo de la ministra Lenia Batres, su hermana.
Brugada representa los intereses de los puros del lópezobradorismo, cuya figura más conspicua es Ramírez Cuevas, que hizo campaña contra el candidato de Sheinbaum para la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en tándem, entre otros, con Martí Batres. Es decir, el ala más dogmática y radical del lópezobradorismo se encuentra detrás de Brugada, que en el caso del nuevo fiscal interino, mostró de lo que es capaz de hacer para alcanzar sus metas.
Lo que nos muestra el episodio Lara es la radiografía del carácter de Brugada, sus alcances, sus parámetros éticos y su disponibilidad para cruzar las fronteras de la legalidad y el sentido común. Si al grupo en el poder no le importaba la sorna, ni la óptica, ni dañar la imagen de Lara -que había hecho un buen papel como vocero-, la solución que ha sido calificada como “cínica”, “desvergonzada”, “descarada”, entre los varios sinónimos empleados, porque lo que prevalece como prioridad es mantener el poder a costa de lo que sea, para efectos prácticos, Brugada fue funcional y transversal, al reaccionar en función de los intereses en la Presidencia, en la campaña de Sheinbaum y acorde con las posturas de los puros lópezobradoristas.
La actitud y acción de Brugada se puede apreciar desde dos trincheras.
En la del lópezobradorismo y aquellos que sin formar parte del movimiento que encabeza el Presidente simpatizan con él, pueden ver a la candidata en la Ciudad de México actuar de manera disciplinada y con un espíritu de cuerpo, donde la legalidad es inferior a los intereses superiores del poder. En la de la oposición, pueden ver una política sin escrúpulos a quien no le importa violentar las leyes, mucho menos posibilitar a quien no cumple con los requisitos para que procure y administre la ley, lo que es una contradicción que sólo encuentra lógica en la idea de que la política es la madre que arropa todos los abusos.
Las dos caras de Brugada son antagónicas y excluyentes, pero tienen que ver con el tipo de democracia que se persigue. Está la democracia iliberal, que es la que encarna López Obrador y ofrece Sheinbaum como continuidad, contra quienes aspiran a un sistema liberal que impida el desmantelamiento del orden democrático, la pérdida de libertades individuales y del Estado de derecho. La primera favorece liderazgos populistas y autócratas; la segunda los busca plurales e incluyentes.
En la primera las decisiones son verticales, borrando autonomías y contrapesos; en la segunda las decisiones son consensuadas y negociadas, que respetan el balance entre poderes y organismos autónomos que sirven de contrapeso al poder. En las democracias iliberales, el partido en el poder no pierde elecciones y con los órganos electorales controlados, sigue ampliando su predominio; en las liberales, los partidos pierden elecciones y se respeta la decisión de las minorías.
La lucha entre líderes que buscan una democracia iliberal o regímenes autócratas y quienes aspiran a una democracia liberal, no es exclusivo de México. Sólo este año habrá más de 64 elecciones en el mundo, donde las más importantes tendrán esa definición en la urna, como en México, donde lo que hizo Brugada nos permite calibrar el voto por ella, a favor o en contra. Usted decide.