La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión de casi mil personas que pretendían ser supervisores y capacitadores electorales, pero están impedidos para ello por ser militantes de un partido político. La ley indica que los capacitadores y supervisores (quienes a su vez preparan a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla el 2 de junio) no pueden ser integrantes de un partido ni haber participado de manera activa – en el año reciente- en una campaña electoral.
Acorde con datos del INE, se contrataron 7 mil 123 supervisores y 42 mil 657 capacitadores, por lo que las personas suspendidas serían un mínimo porcentaje del equipo que ya está en funciones para ubicar y preparar a 1.5 millones de ciudadanos que serán los funcionarios en 170 mil casillas a instalar el 2 de junio en todo el país.
“Hasta el momento, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) puede concluir que en un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sin que ello implique pronunciarse a priori sobre el fondo del asunto, existen elementos que apuntan a que 921 personas que forman parte de esta propuesta, entonces aspirantes a ocupar cargos electorales, sí consintieron de forma previa su inscripción como militantes de partidos políticos».
“En todos los casos que se analizan existen cédulas originales de afiliación aportadas por los partidos señalados como responsables o bien cédulas electrónicas previamente avaladas como válidas por la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen firma autógrafa de los ciudadanos y fotografías de la credencial para votar y su firma”, se indica en el proyecto presentado por Hugo Patlán, encargado de despacho de la UTCE.
Por tanto se propuso dictar medidas cautelares para que sean dados de baja y se les impida participar en estos cargos.
El consejero Arturo Castillo mencionó que las 921 personas (cuyos casos están agrupados en 89 expedientes) están relacionadas, en conjunto, “con casi todos los partidos políticos”, es decir, no se trata de uno en particular.
Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, señaló que el asunto está relacionado con una orden del consejo general respecto de la cual se pidió que se vigilara el cumplimiento de los requisitos para ser supervisor o capacitador electoral.
Precisó que continuará el estudio de fondo para que en su caso se detecten y se sancionen afiliaciones partidistas indebidas, sin el consentimiento de los ciudadanos.