En Puebla, autoritarismo trasnochado

Provoca escozor el audio video en donde se escucha al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta (un expriista incorporado a MORENA en 2017), advertir al grupo empresarial Proyecta le cedan al gobierno estatal dos hectáreas de su propiedad, de no hacerlo procederá a expropiarle cuatro hectáreas. Vale citarlo: “Quiero hacerle un llamado al Grupo Proyecta para que le done al gobierno del estado dos hectáreas para hacer una unidad en esa zona para la policía,...
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El daño está hecho…

Dice la sabiduría popular que 'no hay loco que coma lumbre'; pero también dice que, 'de que los hay... los hay'. Además aseguran que 'el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones'. Nadie imaginó que el Presidente Trump se doblaría tan rápido, pero todos sabían que los aranceles eran insostenibles, más temprano que tarde. Las justificaciones son lo de menos: que si ya se cumplieron los objetivos, que si se van a firmar tratados comerciales binacionales, que si los hombres fuertes de Wall Street se impusieron. Lo cierto...

Jueces y magistrados respaldan a ministra Piña ante denuncia de Zaldívar

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Agencias / Sociedad 3.0

Los jueces y magistrados federales del país manifestaron su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, luego de que su antecesor en el cargo, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, anunciara que solicitó iniciar un juicio político por la investigación que inició en su contra y sus ex colaboradores.

A través de un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), acusaron que el juicio político ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores constantemente.

«El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante».

“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, señala el texto.

Asimismo, rechazaron cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.

“Todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial, están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal, así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a quejas o denuncias que se presenten en su contra».

“No es atípico que se presenten quejas y denuncias en contra de las personas juzgadoras ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora en un proceso”, detalla el documento.

Con información de XEU Noticias

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