Rocío Nahle, ahora más que nunca, está obligada a ganar las elecciones del 2 de junio próximo para gozar de fuero constitucional como gobernadora electa de Veracruz.
Y es que luego de la denuncia penal que su adversario priista Pepe Yunes Zorrilla interpuso ayer en su contra en la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción de la FGR, en la Ciudad de México, por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la única manera de que la ex secretaria de Energía no sea llamada a cuentas por el Ministerio Público federal es que al menos su aparente aliada, Claudia Sheinbaum, logre asumir la Presidencia de la República, pues, de lo contrario, si la triunfadora fuese Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD difícilmente la encubrirá como hasta ahora lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo blindaje caducará el 30 de septiembre próximo.
La denuncia interpuesta por Yunes Zorrilla fue elaborada por la firma de abogados Coello Trejo, del llamado “Fiscal de Hierro” Javier Coello Trejo, quien en este sexenio lo mismo fue abogado defensor del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que litigante en contra de altos ex funcionarios del régimen obradorista como el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ex procurador de Justicia del estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, recién destituido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la candidatura de Morena al Senado de la República por el estado de Querétaro.
En la denuncia formal de hechos que Pepe Yunes presentó en contra de Norma Rocío Nahle García y contra quien o quienes resulten responsables por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se expone que “durante el período en el que la candidata a la gubernatura se desempeñó como secretaria de Energía del gobierno federal, ha aumentado de manera inexplicable su patrimonio y adquirió de manera directa y a través de terceros con quienes tiene relación familiar (cónyuge y sobrina) diversos inmuebles cuyo valor excede los 60 millones de pesos (mdp).
“Según las pruebas obtenidas, se simulaban contratos de compraventa por valor menor al de mercado, se utilizaban prestanombres y se canalizaban recursos de procedencia ilícita para formalizar la operación. Algunas de estas propiedades no fueron reportadas en las declaraciones patrimoniales, a pesar de que Norma Rocío Nahle García se conduce como dueña”.
Conforme a dichas declaraciones, se señala que “la disponibilidad patrimonial derivada de los ingresos declarados por la exservidora pública federal no es congruente con las adquisiciones realizadas, por sí o mediante terceros, sobre todo si se toma en cuenta que el valor agregado de los inmuebles identificados superan los 60 mdp; sin embargo, los ingresos totales declarados entre 2018 y 2023 son por 16 millones 191 mil 294 pesos”.
“Las conductas descritas actualizan los delitos de enriquecimiento ilícito y de operaciones con recursos de procedencia ilícita previstos en los artículos 224 y 400 bis del Código Penal federal.”
Pepe Yunes solicitó la ratificación de la denuncia e iniciar la investigación correspondiente junto con la investigación y la comparecencia de las personas que correspondan conforme a las líneas de investigación que deriven de los hechos denunciados, para la integración de la carpeta de investigación.
Pide también que, “una vez que se haya cerrado la investigación, de encontrarse elementos suficientes que hagan presumible la comisión de conductas ilícitas en lo penal, se proceda a la imputación en contra de Norma Rocío Nahle García y quien o quienes resulten responsables ante la autoridad judicial competente, solicitando la expedición de los correspondientes citatorios, órdenes de comparecencia o de aprehensión para presentarse ante el Juez de Control competente”.
En respuesta, Nahle García arremetió en contra del priista, señalándolo de que “él es una persona de doble moral en su vida pública y privada”. Sin embargo, hasta ahora sigue sin desmentir al empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier, quien en redes sociales ha publicado documentos notariales de las mansiones que el matrimonio Nahle-Peña posee en los fraccionamientos El Dorado, de Boca del Río, y El Country, de Villahermosa, Tabasco, valuadas en más de 60 millones de pesos, una fortuna que muy difícilmente pudo acumular como empleada en los complejos petroquímicos de Pemex en el sur de Veracruz, cuando hace 35 años llegó a residir a Coatzacoalcos recién egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).