Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador explotó contra el Gobierno de Estados Unidos en reacción continuada de su enojo por el reporte anual sobre derechos humanos que dio a conocer el Departamento de Estado este lunes. El martes les exigió respeto y que no se inmiscuyeran en los asuntos internos de México y, el miércoles, quizás porque lo ignoraron en Washington y no le ofrecieron la disculpa que hubiera esperado, escaló los epítetos. Los llamó poco serios y mentirosos, un país anquilosado y en decadencia que, dijo, tiene que renovarse.
Mucho grito y pocas nueces.
La indignación del Presidente debió haber sido consecuente y haber instruido a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para que llamara al embajador estadounidense Ken Salazar y pedirle explicaciones o hacerle un extrañamiento, rechazando el informe que hace cada año Foggy Bottom sobre 200 países y territorios en el mundo. No lo hizo. Al parecer, por lo que respondió a pregunta expresa en la mañanera, ni se le ocurrió. Tampoco parece saber o entender que los insumos que utilizan en Washington para elaborar los informes, tienen como base los cables diplomáticos que les envía su Embajada; o sea, Salazar.
Los gritos de López Obrador son algo a lo que están acostumbrados en el Gobierno de Estados Unidos. Ya saben que lo hace para consumo doméstico y a veces como distractor de problemas profundos y no le prestan atención. Lo hacen únicamente cuando piensan o ven que el coraje se traslada al tema migratorio y que deja entrar libremente, contra lo acordado, indocumentados que tienen como destino final Estados Unidos, por lo que para apaciguarlo y que siga haciendo lo que le pidieron, un muro en la frontera sur, emiten un bálsamo en forma de declaración. Lo han hecho en otros momentos con lo cual serenan al Presidente, aunque nada cambia en el fondo.
En términos de la relación bilateral, el fondo es lo que importa a Washington, mientras que la forma es lo único que le preocupa a López Obrador.
El mismo día en que explotó contra el Departamento de Estado, lo que sucedió de fondo en la relación, fueron concesiones y cesiones importantes de México a Estados Unidos.
Por la mañana, a petición del Presidente, el Senado autorizó el ingreso a México de fuerzas especiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, armados con su equipo bélico, para dar cursos de capacitación. Esta acción insólita pasó casi desapercibida, pero para un Presidente que presume de conocer de historia, en que tropas estadounidenses pisaran territorio mexicano desde la expedición del Ejército de ese país para perseguir a Francisco Villa, la contradicción entre su gestión y su reclamo, muestra su doble cara.
La aprobación en el Senado fue por una petición que hizo López Obrador en noviembre del año pasado para que once soldados estadounidenses armados, entraran a México para dar un curso de capacitación de enero a marzo. Ese ingreso fue limitado. Lo que ahora autorizaron al Presidente fue la entrada de 180 elementos de la Compañía de Paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, que es una unidad de élite de acción rápida y especializada en operaciones de asaltos en paracaídas en zonas hostiles.
Y por la tarde, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anunció aranceles a 544 productos asiáticos porque estaban subvaluados y a bajos precios, que estaban desplazando a los productores mexicanos. La decisión mexicana coincide con los reclamos que desde octubre le ha hecho la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai a Buenrostro y subsecuentes presiones de legisladores para exigirle que exprese a México la competencia desleal que está causando. Si fue o no esa la motivación del Gobierno mexicano, debe servir para despresurizar el creciente conflicto comercial que se estaba creando.
El Presidente dijo que no son serios en el Gobierno de Estados Unidos y que existen posiciones diferentes en la Administración Biden. Para López Obrador, quienes critican a su gobierno en Washington y dan a conocer informes como los del Departamento de Estado, “están manejados por la derecha internacional… una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos; sabemos que esos son los golpeadores, los halcones”.
Eso es lo que no es serio: que la derecha internacional tome decisiones en el Departamento de Estado por encima ¿de la Casa Blanca? ¿Plantea un choque entre el Presidente y el Secretario de Estado? Son fuegos pirotécnicos para distraer sus audiencias domésticas y las clientelas políticas, buscando en el enemigo externo la cohesión interna y una forma sonora para no responder al contenido. No puede hacerlo porque los señalamientos están documentados en México y buena parte de lo que incluyeron en las secciones son actos públicos de presión y hostigamiento del Presidente. Como el de los ataques a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, donde la respuesta de López Obrador fue de molestia porque registraron lo que él admitió ayer, el enfrentamiento contra el Poder Judicial.
López Obrador calificó el reporte sobre derechos humanos como una “tomadura de pelo”. Pero lo que está haciendo con estas respuestas sí es una tomadura de pelo. Si en realidad quisiera cambiar de fondo los términos de la relación, no diría que mantendrá la cooperación con Estados Unidos. La suspendería en su totalidad, no sólo efímeramente, como lo hizo recientemente en protesta por las investigaciones que lo vinculan con el narcotráfico y dejaría de acatar las exigencias de la Casa Blanca sobre migración, el combate al fentanilo, el comercio o las industrias estratégicas que quieren que se instalen en México con recursos de Estados Unidos para garantizar su cadena de suministro.
Pero López Obrador no puede romper con Estados Unidos, aunque quiera, porque la economía de México colapsaría. Es lo correcto en términos de país, pero también podría hacer algo más que gritos que no sirven para nada y reproches en el circo de la mañanera, como una protesta formal y directa con Salazar primero, Blinken después y terminar con Biden. Eso sería serio, no una pantomima política para salvar cara.