Entre los muchos rubros en los que el régimen obradorista en su conjunto ha demostrado su lado más miserable, el tema de los desaparecidos es uno de los peores.
Desde hace varios meses, los gobiernos de Morena en todos los niveles, pero especialmente el federal, se pusieron una meta: reducir –maquillar, mejor dicho- las cifras de personas desaparecidas en el país de una manera grotesca, simplemente borrándolas de los padrones para dar una imagen de que se “resolvió” el problema.
El pasado mes de marzo, la organización de la sociedad civil Data Cívica dio a conocer la plataforma digital “Volver a Desaparecer”, por medio de la cual contrastan distintos registros de personas desaparecidas.
Entre sus hallazgos, detectaron que al menos 10 mil 953 nombres de personas fueron borrados en el nuevo censo que mandó hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, se supone, deberían corresponder a personas que ya habían sido localizadas.
Sin embargo, en la gran mayoría de los casos los nombres simplemente fueron borrados sin dar ni siquiera con indicios del paradero de las personas desaparecidas, como lo corroboraron varias familias y madres buscadoras. De un plumazo, el gobierno del “humanismo mexicano” los volvió a desaparecer.
A ello hay que sumar la brutal indolencia de un gobierno paranoico que en cualquier manifestación y reclamo porque cumpla con sus responsabilidades ve un “complot”, una maquinación o, en el extremo de la “conspiracionitis”, un intento de dizque “golpe blando”, y que bajo ese pretexto se negó no solo a atender a los colectivos de búsqueda, sino que ni siquiera los escucha. Ni los ve ni los oye, a lo salinista.
Ello ha obligado a las madres buscadoras a hacer por su cuenta el trabajo que los gobiernos –los estatales, como el de Veracruz, están igual o peor- han rechazado realizar: investigar, abrir la tierra con sus manos y sacar los restos de quienes esperan sean sus seres queridos, de los que no han sabido nada, en varios casos, desde hace más de una década.
Una de ellas es Cecilia Flores, quien desde hace meses tomó una postura firme y valiente de exigencia al régimen obradorista, del que en un principio solo obtuvo desdén. Y ahora, una campaña de descalificación con todo el poder del Estado. Como acostumbran estos aprendices de tiranos.
Esta semana, Cecilia Flores dio a conocer el hallazgo de lo que aparenta ser un crematorio y una fosa clandestina en las inmediaciones entre las alcaldías de Iztapalapa y Tlalpan, donde había restos óseos que, dio por hecho, correspondían a seres humanos, así como identificaciones de personas.
En su cuenta en X, la madre buscadora publicó: “Dos días llevamos en este lugar, trabajando, explorando, y encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas. Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí”. Sin descalificar ni echar culpas de algo a ninguna autoridad.
Con una celeridad inaudita, la Fiscalía de la Ciudad de México “encontró” en su casa a las personas cuyas identificaciones aparecieron en el lugar y determinó, en un día, que los restos no correspondían a seres humanos, sino a perros, lanzando a la par una campaña de desprestigio contra Cecilia Flores. ¿Por qué? Porque cometió el “pecado” de acercarse a la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, quien hizo lo que López Obrador se negó a hacer: escucharla.
La increíble “eficiencia” de la Fiscalía capitalina no deja conforme a nadie. Su titular, Ulises Lara, es el mismo que para arribar al cargo se sacó de la manga un título en Derecho en cuestión de días en una escuela “patito”; es el mismo que desestimó nuevas evidencias en el caso del multihomicidio de la Narvarte que involucran directamente a un empleado de la institución; y es el ex cuñado del jefe de Gobierno Martí Batres, quien en “nado sincronizado” con el presidente López Obrador, salió a decir que se trataba de un “montaje” con fines políticos, coro al que se unieron varios medios afines al obradorato y hasta periodistas alguna vez serios, “tetratransformados” en matraqueros.
La reacción de las autoridades ha sido la constante durante todo el sexenio, que en muchos sentidos ha sido peor que los anteriores ante las crisis humanitarias que aquejan al país desde hace más de una década, y que fueron lo mismo incapaces que omisos –y quizás hasta cómplices- para siquiera intentar atenderlas.
Otro organismo no gubernamental, Causa en Común, publicó un posicionamiento en el que señaló que “es inaceptable que, ante un país que enfrenta a diario la crisis de desapariciones y violencia, las autoridades opten por desmentir y desacreditar las denuncias legítimas de la sociedad civil. Es preocupante que se intente minimizar la gravedad de indicios o posibles hallazgos de restos humanos, en vez de abordar con formalidad una investigación seria. Y, por supuesto, es indignante que las autoridades concluyan rápidamente sus investigaciones y que éstas siempre apunten a que las madres que buscan a sus hijos no son más que ‘montajes’ con fines políticos”.
“Como ciudadanía no debemos perder la capacidad de indignarnos ante la indiferencia y la negligencia con la que nuestras autoridades tratan temas tan cercanos y delicados. El delirio de persecución que ha desarrollado nuestro gobierno ha convertido a las víctimas de la violencia en este país en los principales opositores de su gobierno”, aseveró la ONG.
Cecilia Flores, a su vez, publicó en su red social que “en la Ciudad de México existen tantas fosas como en el resto del país, solo que aquí prefieren dejar a nuestros hijos enterrados o incinerados antes de aceptar que hay una realidad que duele”.
Así de miserables son.
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