En mayo de 2022, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso del estado, aprovechó el evento de la Semana Estatal de la Movilidad y Seguridad Vial promovida desde la Legislatura local para exhortar a los servidores públicos a cerrar filas contra la corrupción, pues enfatizó que “el pueblo demanda un gobierno de transformación verdadera, no de simulación”.
El coordinador de los diputados de Morena envió un fuerte mensaje principalmente a los agentes de tránsito y policías viales, demandándoles que “deben trabajar para el pueblo, no pueden jalar cada quién para su lado, en su beneficio; deben esmerarse en hacer bien las cosas”.
Durante su mensaje de bienvenida, Gómez Cazarín externó el malestar del pueblo: “de verdad, nosotros, como diputados, recibimos día a día las quejas de los servicios donde se están dando actos de corrupción, es lamentable que ocurra”.
Ejemplificó que “a veces, entre las 10 y 11 de la noche, aquí en Xalapa, se ve infinidad de vehículos y tráileres detenidos por Tránsito del Estado, para pedirles ‘mochada’. ¡Eso no puede estar pasando en Veracruz!”, reprobó, aunque reconoció el trabajo “del compañero y amigo Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del Estado, a quien le he hablado a las 3, 4 de la mañana porque el pueblo se queja; siempre me ha atendido, pero quiero que esa atención sea siempre para el pueblo, no para un diputado”.
Les recordó que como servidores públicos siempre deben estar cerca de la ciudadanía, “y no podemos responderles diariamente con acciones que atentan a los principios rectores del Movimiento Transformador de Morena”.
“La corrupción (sic) es y será la principal bandera de nuestro líder moral y nacional, el presidente López Obrador, quien es enemigo de esta clase de prácticas, por eso los convoco a ser enfáticos en la necesidad de detener este tipo de acciones que solo benefician a algunos y dañan a la colectividad.
“Tenemos un Presidente que día a día trabaja y se compromete con el pueblo; nosotros estamos comprometidos con el pueblo; ustedes son servidores públicos y, como nosotros, nos debemos a la ciudadanía. Les invito a que se esmeren, a que hagan un trabajo correcto. Que esta semana de movilidad sea aprovechada en beneficio del pueblo, porque es el que paga, es el patrón; todos los que estamos aquí, me incluyo, somos sus empleados”, expresó.
Y tras expresarles que el Congreso es la casa de todos, y que sus puertas siempre estarán abiertas para atenderlos y escucharlos, el legislador les reiteró: “no más extorsiones y cobros ilegales a los ciudadanos”.
Sin embargo, la situación prácticamente no cambió. Los abusos de Tránsito del Estado en complicidad con los concesionarios del servicio de grúas siguen generando gran malestar en la ciudadanía veracruzana. Por aquellos días, en redes sociales, el diputado morenista de Medellín, José Magdaleno Rosales Torres, difundió un video para exhibir la prepotencia de la concesionaria de Grúas Vázquez y Victoria, S.A. de C.V., que de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se extendió a otros municipios circunvecinos, mientras que su compañera diputada de Coatzacoalcos, Eusebia Cortés Pérez, también de Morena, exigía la comparecencia del titular de la SSP para que explicara a los miembros del Poder Legislativo cómo va a regular y frenar este tipo de excesos que lastiman la economía familiar de los veracruzanos.
Pero Gutiérrez Maldonado renunció a la SSP cinco meses después, en octubre de 2022, sin cumplir su promesa de enviar al Congreso local el prometido proyecto de reglamento para regular el servicio de grúas.
Ayer, a casi cuatro meses de que concluya la administración del gobernador Cuitláhuac García, se reveló casualmente un oficio de los altos mandos de la SSP que desde hace dos años encabeza el capitán de Navío de la Secretaría de Marina, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, en el que se les instruye a sus subordinados “supervisar que todo el personal operativo bajo su mando, evite solicitar: a) Los servicios de arrastre y depósito de vehículos (grúas) que no estén debidamente concesionados por el Gobierno del Estado, b) El servicio de cualquier grúa fuera del municipio de adscripción de acuerdo a su concesión, c) Que por motivos de la lejanía de su depósito cause mayores gastos o perjuicios a los interesados, d) El servicio de grúas, que se vean inmiscuidos o señalados con mayor número de quejas por parte de la ciudadanía, y e) El servicio de grúas que no respeten las tarifas autorizadas y además que omita exhibirlas en sus instalaciones.”
¿El gobernador García Jiménez ignoraba realmente esta situación o por qué nunca procedió años antes en contra de los funcionarios coludidos con la mafia de los abusivos gruyeros, muchas de cuyas empresas brotaron como hongos en este putrefacto sexenio?
Y es que el negociazo es altamente rentable y requiere de muy poca inversión. Nada qué ver con lo que recauda la Hacienda pública con las minúsculas multas aplicadas a los automovilistas infraccionados, cuyos vehículos son trasladados obligatoriamente a los corralones particulares, donde suelen cobrar exorbitantes tarifas por día, aunque los dueños de los automotores acudan por ellos en un par de horas.