Después de su asunción al gobierno estatal Cuitláhuac García no tardó mucho para dar inicio a un frenesí de nombramientos en el Poder Judicial, comenzando por encumbrar al frente de ese poder a una abogada poco apta para esa encomienda, pero algo sucedió porque alguna pieza mal acomodada tornó aquelle decisión en frustrado empeño, porque ya en el cargo de magistrada presidenta desde la cúpula del poder comenzaron las agresiones en contra de Lisbeth Aurelia Jiménez, con tan de innecesaria crueldad que pronto la defenestraron con el cuento de su jubilación y apenas pudo librar el umbral carcelario. A ese breve pero difícil impasse prosiguió una desaforada actividad en el Poder Judicial designando magistrados a quienes no tenían ni remota idea sobre el desempeño de esa responsabilidad, ni mucho menos los conocimientos para su debido ejercicio. Por si no bastara se escogió a Isabel Romero Cruz para la encomienda de presidir el Poder Judicial veracruzano, ese que tantas glorias produjo en el pasado, allí donde despacharon verdaderos juristas con renombre bien consolidado ahora se encumbraba a una persona con evidentes signos de incompetencia para afrontar esa elevada responsabilidad, en los amplios pasillos de la sede del Poder Judicial veracruzano cundieron los sonoros rumores acerca de una presidenta del Tribunal y la Judicatura que requería de apoyo de un auxiliar para entender las funciones de su competencia. Esta profesional del derecho corrió con mejor suerte que su antecesora porque incluso se le concedió prolongar su periodo al frente del Tribunal de Justicia hasta cumplir los tiempos para su jubilación. La señora Romero Cruz presumió que cumpliría su “compromiso” de ejecutar la profesionalización, modernización y lucha contra la corrupción, sin embargo, el ORFIS descubrió anomalías en la aplicación del presupuesto de ese Poder, de allí que enfrenta ahora una denuncia por desvío de recursos, un proceso del cual se ignora el curso que ha llevado.
Bastaría con revisar los antecedentes sobre la actividad profesional de quienes han sido favorecidos con el cargo de magistrados del H. Tribunal de Justicia de Veracruz para cerciorarse de su bajo perfil, no apropiado para desempeñar una función tan calificada, en otros términos, todo esto pudiera considerarse un preclaro antecedente del espíritu que acompaña a la reforma constitucional iniciada por el presidente López Obrador, para quien cinco años de experiencia profesional como requisito para ser juez son innecesarios “porque soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley”. Y ese parece haber sido el “solido” argumento que prevaleció en el nombramiento de magistradas presidentas y jueces en Veracruz, según es posible comprobar en la larga lista de favorecidos. Lamentablemente ese afán “modernizador” dio lugar a incontables rechazos de la Suprema Corte de Justicia a la vorágine legislativa de Veracruz, ya por desconocimiento de la materia o por deficiente operación política, lo cual es un fiel reflejo de una defectuosa asesoría en materia jurídica. Si para esos bodrios legislativos se consultó o no al Poder Judicial, en este caso sería intrascendente porque sin duda el veredicto de la Suprema Corte sería el mismo- Ahora, para medir el impacto de la reforma al poder judicial propuesta por el presidente López Obrador bastaría con reconocer que la mengua sufrida por el Poder Judicial veracruzano en estos últimos años no es comparable con el desastre institucional que dicha reforma pudiera ocasionar.