AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
En diciembre de 2022, un juez de control vinculó a proceso al ex contralor del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Alfonso Velásquez Trejo, por el presunto
delito de incumplimiento del deber legal cometido en agravio de ese organismo autónomo.
El ex funcionario indiciado, a pesar de ser detenido y presentado ante un juez con sede en el
reclusorio regional de Pacho Viejo, no fue recluido debido a que el delito que se le
imputaba no era considerado “grave”, por lo que la autoridad judicial le concedió seguir
esta etapa del proceso penal en libertad.
Además, según consta en el expediente de la causa penal 492/2022, el juzgador solamente
le impuso como medidas cautelares la presentación periódica cada 15 días, la prohibición
de salir del estado y el no acercarse ni ingresar al edificio del IVAI o a las oficinas del
Órgano Interno de Control (OIC).
También se le ordenó entregar las llaves de acceso al edificio del OIC en un plazo máximo
de 36 horas y le prohibieron acercarse o comunicarse incluso con personal del IVAI y del
OIC, a menos de que fuese con motivo de su derecho de defensa y separación temporal del
cargo.
Fue el entonces secretario ejecutivo del IVAI, Javier Jair Heredia Riverón, quien habría
presentado la denuncia en contra del ex contralor interno, por omisión, al presuntamente
haber tolerado algunas irregularidades cometidas por la ex presidenta Yolli García Álvarez,
quien, en cambio, ella sí permaneció dos años en prisión, de 2020 a 2022, al imputársele los
presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición.
A ella no se le permitió llevar su proceso en libertad a pesar de que durante su cautiverio le
practicaron una operación a corazón abierto que requería de cuidados médicos especiales.
Sin embargo, en diciembre del año antepasado finalmente logró salir de la prisión por orden
del juez federal de distrito, Fermín Santiago Santiago, quien en el juicio de amparo
553/2022 determinó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva que mantuvo desde
2020 hasta finales de 2022.
Velázquez Trejo, en cambio, sigue libre no obstante que en la audiencia de
individualización de sanciones y reparación del daño, dentro del juicio oral 46/2024-J,
celebrada el 8 de julio de este año, fue hallado culpable del delito de incumplimiento del
deber legal en agravio del IVAI, según informó la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, que fue la que se adjudicó el fallo condenatorio en contra del ex funcionario.
Pero pese a este fallo adverso, al ex contralor el IVAI, quien presume de supuestos vínculos
con actuales funcionarios y políticos de la 4T –entre ellos la directora del IPE, Daniela
Griego, y la senadora Gloria Sánchez, las cuales habrían negado toda relación con él– no le
ha ido nada mal, pues pese a esta situación irregular sigue percibiendo un buen ingreso
como personal académico de la Universidad Veracruzana (UV) asignado a la carrera de
Sociología en el Sistema de Educación Abierta (SEA) Región Córdoba-Orizaba.
Según comentan algunos académicos, las autoridades de la máxima casa de estudios del
estado no le han fincado ninguna responsabilidad, sino que después de su sentencia sigue
impunemente dando clases, sin consecuencia, no obstante que aseguran que además de
cobrar durante casi seis años en el IVAI también dobleteaba en la UV como profesor de
tiempo completo, cuyos ingresos estimaban en casi 200 mil pesos mensuales, superando los
ingresos del gobernador y también profesor universitario Cuitláhuac García Jiménez, quien
cuenta con una plaza docente en la Facultad de Ingeniería en el campus Xalapa.
Velázquez Trejo, nos dicen, para continuar como docente de la UV –otra institución
autónoma– estaba legalmente obligado a solicitar permiso al Congreso local que lo había
designado como contralor del IVAI, trámite que no realizó y por el que le resultaría otra
denuncia penal, además de otras presuntas causales que aún tendría pendientes.
Su caso, lamentablemente, podría alcanzar también a la ex presidenta Yolli García, quien,
aunque obtuvo el amparo de la justicia federal para modificar la medida cautelar que le
impuso un juez local, aún no habría sido totalmente exculpada de los cargos que le imputó
la Fiscalía General del Estado (FGE).
Y ella, a diferencia del ex contralor, tampoco tiene la misma suerte de compartir el mismo
abogado defensor de David Agustín Jiménez Rojas, actual presidente del IVAI, quien al
asumir la titularidad de este órgano autónomo en junio de 2023 tuvo que llegar acompañado
del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso local, y con un amparo bajo el
brazo para evitar ser aprehendido por la carpeta de investigación que la FGE le había
iniciado semanas antes por las denuncias presentadas en su contra por su presunta
responsabilidad que como director del Registro Público de la Propiedad le resultaba por la
doble escrituración de un rancho que legítimamente pertenecía a una familia del municipio
de Puente Nacional que presentó denuncia penal por despojo.
Hace poco, por cierto, ante las versiones de que la gobernadora electa Rocío Nahle estaba
ponderando avalar la destitución de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, el comisionado
presidente del IVAI se autopromovió para encabezar el órgano autónomo encargado de
procurar justicia, presumiendo a sus cercanos su presunta relación estrecha con José Luis
Peña, el influyente esposo de la virtual mandataria estatal.