Agencias/Sociedad 3.0
Por: Angélica Hernández
Es necesario conocer cuántos cárteles operan en el estado de Veracruz y en qué municipios, expresó el diputado local Héctor Yunes Landa, quien, durante la glosa del VI informe de gobierno, aseguró que las cifras presentadas por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ante los legisladores, no coinciden con la realidad que viven los veracruzanos.
Durante la comparecencia del secretario de seguridad pública Cuauthemoc Zúñiga Bonilla, el legislador priista mencionó que pese a que tanto el gobernador del estado como el propio titular de la SSP refieren que existen entre 5 y 7 grupos delincuenciales, un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica asegura que son 14 grupos en territorio veracruzano.
Recordó que documentos de «Guacamaya Leaks», generados desde la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), vinculan al Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez con el narcotráfico y la protección de redes criminales y recordó que hasta este momento el gobernador saliente no ha desmentido dicha información.
«En los documentos jaqueados se afirma que el gobernador está vinculado al narcotráfico porque ha protegido redes criminales de los cárteles de Jalisco y Sinaloa». Dice el informe que este último cártel «se ha posicionado en la entidad con protección policíaca».
De igual forma, el legislador lamentó que la realidad de Veracruz sea muy diferente a lo que se informa, pues recordó que existe un aumento de la violencia y delincuencia, con incremento en homicidios, secuestros, extorsiones y la presencia de huachicol, además del incremento del 150 por ciento en robo de vehículos.
«La organización Alto al secuestro presentó un informe donde señala que, durante el último sexenio, Veracruz fue la entidad con más casos de secuestro en el país, un total de mil setenta y tres». En materia de secuestros, Veracruz fue más peligroso que Sinaloa, Michoacán o Guerrero», destacó.
Yunes Landa también señaló la existencia de corrupción y mal manejo de recursos que mantiene en quiebra al Instituto de la Policía Auxiliar y Patrimonial de Xalapa (IPAX), donde, aseguró, prevalece la falta de transparencia en la gestión de recursos