Serpientes y Escaleras
Mientras en Washington ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició sus audiencias para revisar las impugnaciones contra la reforma judicial mexicana, aquí en el país la implementación de dicha reforma, que tiene su paso más importante en la elección de jueces, magistrados y ministros para el 1 de junio de 2025, se encuentra, literalmente, entrampada. Cientos de amparos judiciales entregados al INE para que frene la organización de esos comicios, y un regateo y escasez de recursos presupuestales para llevarlos a cabo, mantienen en vilo el avance del «nuevo Poder Judicial» impulsado por la 4T.
Los consejeros electorales del INE se han negado a avanzar en la planeación y organización de las votaciones judiciales, porque siguen vigentes las 208 órdenes de jueces federales que, atendiendo solicitudes de amparo de ciudadanos y organismos civiles, les impiden a los funcionarios electorales realizar acciones o preparativos para las elecciones de juzgadores federales, si pena de incurrir en un desacato a una orden judicial. Eso ha hecho que los trabajos de preparación para dichas elecciones se mantengan en pausa, a pesar de las presiones de la Presidencia de la República y del Poder Legislativo que les exigen a los consejeros del órgano electoral ignorar los mandamientos judiciales.
Y a pesar de que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, insiste y presiona también a sus pares del Consejo General, porque a ella a su vez la presionan desde el gobierno federal y el Congreso, los consejeros se niegan a proceder mientras estén vigentes las suspensiones de los jueces federales, porque ellos podrían ser acusados por el delito de desacato a una orden judicial y se harían acreedores a multas, por lo que ni siquiera han instalado la Comisión Especial dentro del instituto que se encargará de organizar y coordinar las elecciones judiciales, aun cuando la Constitución reformada dice que el proceso electoral inició oficialmente desde el pasado 23 de septiembre.
Para colmo, algo que también tiene entrampada la reforma judicial y sus elecciones por voto popular, es la incertidumbre sobre si el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda le otorgarán al INE el presupuesto solicitado de 13 mil 205 millones de pesos para la organización de las votaciones federales. El cuestionamiento tan fuerte que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a la cantidad presupuestal que piden los consejeros electorales para la elección de 881 cargos, entre ministros, magistrados y jueces, sumado a las críticas de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha aumentado la desconfianza y la inseguridad de que existan recursos públicos suficientes para poder organizar dichas votaciones para el 1 de junio de 2025.
El regateo que han iniciado desde el gobierno y su partido para obtener «una rebaja» en el presupuesto que necesita el INE para organizar las elecciones judiciales es algo que complica, todavía más, la planeación y organización de estos comicios en los que se deberán instalar 170 mil casillas de votación, similar a las que se instalan en una elección presidencial, y se tendrán que diseñar, imprimir y entregar al menos seis boletas a cada votante, lo que dispara el costo de la elección.
«No es un asunto de que nosotros queramos pedir mucho dinero o de que nos presionen y exijan que la elección cueste menos. Es un tema de costos y precios reales para los materiales, los capacitadores y toda la logística tan compleja que lleva una elección que será aún más grande que la presidencial de 2024. No estamos en un tianguis para que nos regateen un presupuesto que se hizo con criterios técnicos, de eficiencia y de transparencia electoral. Si ellos querían elecciones judiciales, tienen que asumir el costo que estas tienen», comentó a esta columna un integrante del Consejo General del INE que pidió el anonimato.
Ayer por la tarde se llevó a cabo la reunión del Consejo del INE para escuchar la resolución de la Dirección Jurídica del instituto sobre si deben recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que sean esas instancias quienes les indiquen si pueden o no continuar con la organización del proceso electoral del 2025, sin incurrir en un delito de desacato por las 208 órdenes judiciales recibidas, de las cuales al menos tres son suspensión definitiva, que les ordenan no seguir con ninguna actividad rumbo a los comicios del 1 de junio próximo.
Así que mientras la CIDH comenzó a analizar la controvertida y polémica reforma judicial, a petición de ciudadanos mexicanos que acusan violaciones graves de derechos humanos por esos cambios constitucionales, acá la tan cacareada y celebrada «reforma mandatada por el pueblo» sigue entrampada entre amparos judiciales y regateo de los escasos recursos presupuestales que tendrán el gobierno y el país para el 2025. Dice un dicho popular que «el que quiera azul celeste, que le cueste», y al parecer Morena, Sheinbaum y el que se fue a Palenque quieren mucha democracia y voto popular, pero no les gusta pagar el costo millonario que eso tiene.
Ruedan los dados. Repitieron las Serpientes. Sigue la caída.