Sociedad 3.0
Por: Quetzalli Carolina Vázquez.
Con 34 votos a favor y seis en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura declaró aprobada la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con la que desaparece el Consejo de la Judicatura y se crean nuevos órganos, tribunales especializados y juzgados de Primera Instancia cuyos titulares serán electos mediante el voto popular.
De acuerdo con el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de enero por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, se advierte una nueva Ley Orgánica para el Poder Judicial que establezca la conformación de órganos como el Tribunal Superior de Justicia y de un Tribunal de Disciplina Judicial, dotado de independencia técnica y de gestión, encargado de la investigación y sanción de conductas irregulares del personal judicial.
También, de un Órgano de Administración Judicial, encargado de organizar y proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales; así como tribunales especializados y juzgados de Primera Instancia.
La nueva legislación busca el fortalecimiento de la disciplina judicial, a través de implementación de evaluaciones periódicas que incentiven la actualización permanente del personal jurisdiccional, dotando de un enfoque que brinda la finalidad de crear un entorno en el que las buenas prácticas se consoliden y las conductas contrarias a la ética pública se prevengan y, en su caso, se corrijan con objetividad.
Impulsa la vinculación entre los distintos órganos del Poder Judicial, particularmente del Órgano de Administración Judicial y la contraloría, para dotarlos de herramientas efectivas que permitan detectar posibles irregularidades.
Prevé disposiciones que establecen reglas de integración, competencia y funcionamiento de cada uno de los tribunales y órganos que conforman el Poder Judicial y se introducen mecanismos para la evaluación y seguimiento del desempeño de magistraturas, juezas y jueces, además de normas para la transición ordenada del personal adscrito a las estructuras actuales, salvaguardando sus derechos laborales.
Regula el proceso electoral judicial, que será coordinado con la autoridad electoral competente. Incluirá la emisión de convocatorias, el registro de aspirantes bajo un sistema que garantice la transparencia y la organización de las elecciones por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en coordinación con los lineamientos federales aplicables.
Contempla la reorganización de las denominadas Actuarias Municipales, de manera que se conserve la labor de acercamiento a las comunidades alejadas y se mantenga el apoyo en actos como notificaciones y diligencias.
Proyecta la instrumentación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, bajo modalidades más racionales y transparentes, de modo que se asegure una asignación adecuada de los recursos y se prioricen las necesidades más apremiantes del servicio judicial.
Incorpora disposiciones que fomentan la paridad de género y la inclusión en el ejercicio de la función judicial, estableciendo condiciones que promueven la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos de magistraturas y juzgados, al contemplar principios de no discriminación y al garantizar que los procesos de elección respeten los derechos políticos de mujeres y hombres por igual.
Refuerza la participación ciudadana en el ámbito de la justicia y garantiza la independencia operativa y administrativa necesaria para que el Poder Judicial actúe con apego a la legislación vigente y a las demandas sociales de un servicio de justicia eficiente.
El texto íntegro del dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial puede consultarse libremente en el Anexo C de la Gaceta Legislativa número 21, publicada en la página oficial de este Congreso.
En los posicionamientos de las fuerzas políticas representadas en la LXVII Legislatura, el diputado del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, adelantó el voto a favor del dictamen, por considerar que se da un paso firme para dar soluciones; se protege el orden legal y se recupera la confianza ciudadana hacia las instituciones. “Estas decisiones como van a impactar en la vida del pueblo, las hacemos con profunda responsabilidad y conocimiento de las leyes”, aseveró.
La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina, subrayó que en su partido existe la preocupación por lo en qué se está convirtiendo la justicia en el país y que podría generar retrocesos. Añadió que las recientes reformas constitucionales han sido en corto tiempo y, por lo tanto, cuestionó qué podría esperarse de la nueva Ley que impactará en la vida interior del Poder encargado de impartir justicia.