Agencias/Sociedad 3.0
El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) reportó que la administración del exgobernador Cuitláhuac García concluyó con 127 denuncias penales relacionadas con un presunto daño patrimonial de 280 millones de pesos, además de montos no cuantificables.
Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y, en algunos casos, ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalan a «quien o quienes resulten responsables». De determinarse culpabilidad, se procederá penalmente a través del Ministerio Público.
«Son 36 las entes estatales que presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 280 millones 001 mil 888.60 pesos; 44 presentan inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones, incluyendo la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo”, informó el Orfis sobre la Cuenta Pública 2023.
Áreas con mayor daño patrimonial
El informe detalla irregularidades en diversas dependencias estatales y organismos públicos descentralizados:
- Secretarías afectadas: Infraestructura y Obras Públicas; Medio Ambiente; Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; y la Coordinación General de Comunicación Social.
- Dependencias estatales: Presunto daño patrimonial de 67 millones de pesos.
- Organismos descentralizados: Irregularidades por más de 207 millones de pesos.
- Universidad Veracruzana: Posible daño patrimonial superior a 4 millones de pesos.
- Fideicomisos: Daño estimado en 15 mil pesos.
En el ámbito municipal, el Orfis detectó irregularidades en 180 municipios del estado, donde se presume un daño patrimonial que asciende a mil 412.7 millones de pesos.
Acciones y resultados de auditorías
Durante el sexenio de Cuitláhuac García, las auditorías realizadas lograron la recuperación de 464 millones de pesos, según el periodista Xavier Jiménez de Milenio.
Las investigaciones continúan, y se espera que las autoridades determinen responsabilidades y ejerzan las sanciones correspondientes, en un esfuerzo por recuperar los recursos públicos afectados y combatir la corrupción en el estado.