El 1 de diciembre de 2018 tomó posesión del cargo de gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, no pasaron muchos días para que denunciara un presunto fraude imputable al gobierno anterior por la instalación de cámaras de vigilancia contratadas y no colocadas. Transcurrió el sexenio y nada se supo respecto del seguimiento a esa denuncia salvo esporádicas alusiones solo para cubrir el expediente de retoricas intenciones. Pese a la importancia estratégica de esa herramienta para vigilar espacios públicos, miles de cámaras de vigilancia dejaron de instalarse por razones que solo en el gobierno se conocen. Pero ha causado sorpresa ciudadana el descubrimiento de cámaras de vigilancia ubicadas en diferentes ciudades de la entidad, Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica, por ejemplo, estaban colocadas en espacios públicos sin la autorización correspondiente. Por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle ya han sido desmontadas, no sin que antes ella expresara: “Es raro que se haya permitido la instalación de esos equipos”. Si, es bastante raro, y más aún que en el área de seguridad pública del gobierno precedente no se hubieran detectado. ¿Quién autorizó su instalación? ¿o fue tan ineficiente el desempeño de los responsables de seguridad pública al grado de no percatarse de su existencia? Sí, esta raro.