Rúbrica
El nepotismo y el consiguiente tráfico de influencias parece ser uno de los “pecados” favoritos de los políticos y autoridades afiliadas a la autoproclamada “cuarta transformación” y ahora a su “segundo piso”, que efectivamente ha resultado una prolongación de los mismos vicios.
Durante el anterior sexenio en Veracruz, un primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Eleazar Guerrero Pérez, fue nombrado indebidamente como titular de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, desde donde manejó a su antojo el erario, colocó alfiles en todas las secretarías de despacho, financió a una asociación civil con la que hizo política electoral a costa del dinero público y se enriqueció ostensiblemente para después, obtener la impunidad del fuero del que hoy goza, habida cuenta de que varios dentro del gobierno, el que pasó y el actual, se beneficiaron de esa sangría descarada de recursos y se la debían.
Pero el de Guerrero Pérez no fue el único caso de castas familiares que fueron al abordaje de puestos públicos o de prebendas financiadas por el erario. Por ejemplo, las hermanas García Cayetano, quienes cobijadas por Cuitláhuac García –quien a la par, hizo a su hermano Tonatiuh “director de cine”- accedieron a posiciones legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia en las que su desempeño fue, por decir lo menos, bastante cuestionable.
Nada cambió con el nuevo gobierno morenista en Veracruz. Porque quiere y puede, la gobernadora Rocío Nahle le dio un cargo “honorario” a su esposo José Luis Peña Peña –quien ya antes la había “ayudado” en la Secretaría de Energía- en la Subsecretaría de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), arguyendo que no hay ningún problema con ello, pues su cónyuge no cobra un salario por ello.
Claro, nada más tiene acceso a información privilegiada del gobierno estatal y es, “poca cosa”, el esposo de la gobernadora de Veracruz, al que acuden para todo tipo de diligencias no solamente ganaderos, sino alcaldes, diputados, funcionarios estatales y federales y, muy relevante en estos momentos, aspirantes a cargos de elección popular. Como Víctor Manuel Peña Olavarrieta, quien busca ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Emiliano Zapata y es, según ha trascendido y no ha sido desmentido, ni más ni menos que su sobrino.
Estas prácticas no son exclusivas del estado de Veracruz. En Puebla, el gobernador expriista y hoy “cuatroté” Alejandro Armenta Mier también le dio un “cargo honorario” a su hijo de 22 años, Alejandro Armenta Arellano, quien funge como “asesor” en tecnología del gobierno de su padre.
Armenta Mier –“hijo político” de Mario Marín, el “gober precioso” que mandó detener y torturar a la periodista Lydia Cacho por desvelar una red de pedofilia en la que estaba implicado un empresario amigo suyo, Kamel Nacif, y que en este sexenio está viviendo una suerte de “reivindicación” política y jurídica- rechazó que haberle dado un “cargo honorario” a su hijo configure nepotismo ya que, aplicando la mismo excusa que su homóloga de Veracruz, no recibe un sueldo.
“Nepotismo sería que yo lo nombrara secretario, director o subsecretario de alguna dependencia; los cargos honorarios son sin sueldo”, respondió molesto Armenta a los cuestionamientos.
Sin embargo, el “junior” recibe un trato privilegiado en el gobierno de Puebla, que abiertamente destaca sus actividades y proyección personal en las páginas y medios oficiales y hasta recibe encomiendas que van mucho más allá de las tareas de un simple asesor. Para muestra, el pasado 10 de febrero, “Alex” Armenta –como le gusta que lo identifiquen- fue el encargado de informar sobre el proyecto de convertir a Puebla como Centro Nacional de Diseño de Semiconductores que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Nada mal para un cargo “honorario”.
Así, un privilegiado grupo de familias forma la nueva “casta dorada” de la actual clase gobernante: apellidos como Batres, Monreal, Alcalde, López Hernández, Taddei y, por supuesto, López Obrador-Beltrán hacen sentir la fuerza de ser la “nueva mafia del poder” que dispone de los recursos del país como si fuesen de su propiedad.
Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma constitucional para prohibir la “herencia” entre familiares de cargos de elección popular en presidencias municipales y gubernaturas, lo que parecía ser una idea bastante sensata. Hasta que se dieron cuenta que todo Morena está metiendo a los hijos, las esposas, los esposos, los hermanos, los primos, los tíos y más consanguíneos en las candidaturas que estarán en juego en los comicios locales de este año. Así que la “presidenta con a” tuvo que mandar la puesta en operación de su iniciativa… hasta 2027. Y eso, a ver si para entonces no la termina enterrando.
Traficantes, nepotistas y cínicos. Pero no son iguales. Bueno, muchos son, en realidad, los mismos.