Agencias/Sociedad 3.0
El Senado de la República recibió la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como parte de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, promulgada en diciembre de 2024.
La propuesta contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital, la cual tendrá rango de secretaría de Estado y asumirá todas las funciones, atribuciones, recursos y trámites en curso del ahora extinto organismo regulador.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones; y Estudios Legislativos. Su dictamen se discutirá mañana, con el objetivo de ser votado en el Pleno del Senado el próximo lunes.
Entre los aspectos más destacados de la nueva legislación, se restablece la prohibición para que medios de comunicación masiva transmitan propaganda de gobiernos extranjeros —una medida eliminada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto—. El artículo 210 de la nueva norma establece que solo se permitirá la difusión de contenidos con fines culturales o turísticos.
Asimismo, la ley restringe la posibilidad de que plataformas digitales con presencia en México comercialicen espacios publicitarios a gobiernos extranjeros, excepto para fines antes mencionados. También se prohíbe que operadores de señales o concesionarios transmitan mensajes políticos o ideológicos provenientes del extranjero.
La iniciativa de más de 300 páginas establece que el espectro radioeléctrico es un bien de la nación y que será administrado bajo criterios de interés público. También introduce un nuevo esquema de concesiones (comerciales, públicas, privadas y sociales) y faculta al Ejecutivo Federal para recibir concesiones directas, incluso comerciales, con el objetivo de llevar internet de banda ancha a comunidades marginadas y combatir la brecha digital.
En cuanto a la regulación, se establecen nuevas sanciones económicas para los concesionarios, que van del 0.01% al 0.75% de sus ingresos. También se detallan nuevas causales para la revocación de concesiones.
El artículo 18 transitorio de la propuesta garantiza el respeto a las concesiones vigentes, pero plantea la transición al nuevo marco legal para títulos anteriores a 2014. Además, varios trámites se suspenderán durante 60 días hábiles, sin que esto afecte las obligaciones de los agentes regulados.
Finalmente, se contempla el uso de la requisa de vías de comunicación en casos de seguridad nacional, ampliando la capacidad de intervención del Estado en contextos críticos.
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