Agencias/Sociedad 3.0
Las iniciativas clave del Gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad se encuentran empantanadas en el Congreso, pese a que cuentan con mayoría legislativa de Morena. Se trata de la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, impulsadas por la presidenta y diseñadas para fortalecer el poder de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch.
Aunque las propuestas fueron presentadas desde hace meses, no han sido dictaminadas debido a la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que observa con recelo las facultades que se pretenden otorgar a la SSPC, especialmente en materia de investigación e inteligencia. Según fuentes cercanas a la presidencia y al trabajo legislativo, el general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, ha puesto trabas para evitar que Harfuch gane terreno sobre funciones históricamente en manos del Ejército.
Esta tensión marca uno de los primeros choques internos en el gabinete de seguridad del nuevo gobierno. Aunque Harfuch ha buscado proyectar una imagen de unidad con el Ejército —incluso asegurando esta semana en entrevista con Joaquín López-Dóriga que hay “coordinación total”—, lo cierto es que el crecimiento de su figura y de las instancias civiles de seguridad ha generado incomodidad entre las Fuerzas Armadas.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército concentró poder inédito, no solo en seguridad sino también en obras de infraestructura y administración pública. Hoy, Sheinbaum busca reequilibrar la balanza, pero las resistencias castrenses, en particular a que Harfuch presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia de la presidenta y controle los recursos federales destinados a seguridad en los estados, han detenido el avance legislativo.
Otro foco de tensión es la Agencia de Transformación Digital, pieza clave en la estrategia de Sheinbaum, que tendría amplias atribuciones en telecomunicaciones y acceso a datos biométricos de usuarios de telefonía móvil. Esta agencia podría inhabilitar líneas no registradas, y se contempla que utilice la información para nutrir investigaciones judiciales, lo que ha generado inquietudes entre especialistas en derechos humanos y también en el sector militar.
El posible rediseño del marco legal que regula las tareas de inteligencia y coordinación en seguridad sigue dependiendo de los equilibrios entre los actores de poder. En caso de que se logren acuerdos tras la elección judicial, se convocaría a un periodo extraordinario de sesiones en junio. De lo contrario, el debate podría postergarse hasta julio.
Mientras tanto, las reformas, consideradas prioritarias por la presidenta, permanecen congeladas, expuestas a los acuerdos que Sheinbaum logre con el Ejército en los próximos días.
-Con información de Cambio 22