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Caso Ayotzinapa da nuevo giro: celulares, funeraria y funcionarios, entre las nuevas líneas de investigación

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Agencias/Sociedad 3.0

A doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el gobierno federal presentó nuevas líneas de investigación que vuelven a colocar bajo la lupa las comunicaciones telefónicas, una funeraria de Iguala, servidores públicos y posibles vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y Mauricio Pazarán, fiscal especial del caso Ayotzinapa, informaron que las nuevas indagatorias surgieron de un reanálisis de miles de registros de comunicaciones, testimonios, expedientes y cateos realizados durante los últimos meses.

Las cuatro líneas expuestas se concentran en el análisis de comunicaciones, la revisión de teléfonos pertenecientes a los normalistas, una nueva verificación documental de los expedientes y el presunto ocultamiento de videograbaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Guerrero.

Uno de los principales hallazgos del nuevo análisis telefónico fue la identificación de 17 personas que anteriormente no habían sido ubicadas dentro de la investigación. Las autoridades sostienen que los cruces permitieron reconstruir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y otras personas durante las horas posteriores a la desaparición de los estudiantes.

Parte importante de las nuevas pesquisas se concentra en la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala, y en instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) que funcionaban en un espacio anexo.

De acuerdo con la investigación presentada por las autoridades, Rodolfo “N”, propietario de la funeraria y detenido en junio, habría mantenido comunicaciones con integrantes del grupo criminal y policías durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

En cateos realizados desde octubre de 2025, las autoridades reportaron el hallazgo de restos óseos, documentación relacionada con el manejo de cadáveres, un arma y un horno crematorio que presuntamente operaba sin registro oficial.

Entre los documentos localizados habría certificados de defunción, autorizaciones de inhumación y oficios para el traslado de cadáveres que contenían sellos y firmas, pero estaban sin llenar, situación que ahora forma parte de las investigaciones.

Un segundo cateo, efectuado en diciembre de 2025, permitió localizar más restos óseos, piezas dentales y registros que presentaban presuntas irregularidades. Posteriormente, entre marzo y junio de este año se realizaron nuevas búsquedas y fueron asegurados 23 indicios, entre ellos fragmentos óseos y restos biológicos que continúan bajo análisis.

Las autoridades aclararon que unos restos humanos encontrados en marzo en el patio posterior del Semefo ya fueron identificados y no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes.

Otro de los puntos que abrió nuevas interrogantes fue el rastreo de teléfonos celulares pertenecientes a los normalistas. La investigación sostiene que algunos aparatos continuaron siendo utilizados después de la noche de Iguala.

Entre ellos se encuentra el teléfono de Julio César Mondragón, normalista asesinado durante los ataques, cuyo equipo habría sido utilizado posteriormente por el propietario de la funeraria.

También se investigan los teléfonos de Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez. Según la Fiscalía, los dispositivos habrían sido utilizados posteriormente por personas relacionadas con autoridades municipales o sus familiares.

Respecto a la participación de elementos del Ejército, Medina informó que actualmente existen 17 militares detenidos y sujetos a proceso, de un total de 20 señalados dentro de las investigaciones. El funcionario sostuvo que las imputaciones corresponden a responsabilidades individuales y no a la Secretaría de la Defensa Nacional como institución.

Sobre los 853 folios que las familias de los estudiantes han reclamado durante años a la Defensa, el subsecretario aseguró que la institución informó por escrito que realizó una revisión de sus archivos y no encontró documentación adicional.

El tema continúa siendo motivo de inconformidad para las familias, que han insistido en la entrega de toda la información militar relacionada con los acontecimientos de Iguala y han pedido profundizar las investigaciones para conocer finalmente el paradero de los jóvenes.

La investigación también contempla el presunto ocultamiento de videograbaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Guerrero, ubicado en uno de los puntos por donde pasaron los normalistas aquella noche. Esta línea derivó anteriormente en la detención del exgobernador Ángel Aguirre, quien enfrenta un proceso por su posible participación en el delito de desaparición forzada.

A pesar de las nuevas detenciones y líneas abiertas, la principal pregunta del caso permanece sin respuesta: dónde están los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

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