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¡VERACRUZ, ATADO A LA FEDERACIÓN! EL 92% DE SUS INGRESOS DEPENDERÁ DEL DINERO FEDERAL

Veracruz presume un presupuesto cada vez mayor, pero las cifras exhiben una realidad preocupante: de cada 100 pesos que espera recibir en 2027, más de 92 provendrán de la Federación. La dependencia financiera continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del estado. La iniciativa de Ley de Ingresos presentada por Rocío Nahle contempla 185 mil 597 millones de pesos, pero solamente 11 mil 852 millones procederían de la recaudación propia, equivalentes al 6.4% del total. Otros 170 mil 988 millones llegarían mediante participaciones, aportaciones y convenios federales. Y hay un...

La trampa demográfica y fiscal: el tiempo se le agota a México (y a Veracruz) 

La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI ofrece un diagnóstico directo y preocupante. México alcanzó los 130.9 millones de habitantes; de ellos, 130.4 millones viven en hogares particulares y más de 517 mil se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Sin embargo, el dato central no es cuántos somos, sino en la velocidad con la que la población envejece. Entre 2020 y 2025, la tasa de crecimiento anual descendió al 0.7%, un descenso notable frente al 1.0% del lustro anterior y muy distante del 1.8% registrado al inició del siglo.

El país cambió de rostro en tiempo récord. En solo cinco años, la edad mediana nacional aumentó de 29 a 32 años. La tasa de fecundidad cayó a 1.9 hijos por mujer a nivel intercensal y se situó en 1.2 en los registros anuales de 2024, un nivel por debajo del reemplazo generacional. El bono demográfico, aquella reserva de jóvenes llamada a impulsar la economía, llegó a su fin. Hoy los hogares promedian 3.3 integrantes y la demanda de servicios de salud, pensiones y atención pública dio un vuelco irreversible. Ante este escenario, las finanzas públicas deben atender el reto del envejecimiento con un margen de maniobra limitado, lo que exige superar los esquemas puramente asistenciales e invertir con visión estratégica.

Este impacto es desigual. México exhibe una marcada brecha regional entre un norte y centro urbanizados frente a un sur-sureste más rural y disperso. Chiapas se mantiene como la entidad más joven, con una edad mediana de 26 años y un promedio de 1.8 hijos por mujer. En el extremo opuesto, la Ciudad de México registra una mediana de 37 años y una tasa de natalidad de apenas 0.8 hijos por mujer.

A las deficiencias en la calidad de las 39.7 millones de viviendas habitadas en el país y a una informalidad laboral del 54.0%, se suma un cambio silencioso en las fuentes de ingreso de la población. Actualmente, el 50.1% de los hogares depende de ingresos no laborales, frente al 38.5% registrado en 2020. De este, grupo, el 41.4% subsiste mediante de apoyos gubernamentales y el 16.6% a través de jubilaciones o pensiones. Además, las mediciones oficiales visibilizaron por primera vez el impacto del desplazamiento forzado: 510 mil hogares (1.6 millones de personas) abandonaron sus casas por la violencia, mientras que 152 mil hogares (485.5 mil personas) lo hicieron por desastres naturales.

En este mapa de contrastes, Veracruz conserva el cuarto lugar nacional con 7.9 millones de habitantes, por detrás del Estado de México (17.6M), la Ciudad de México (9.2M) y Jalisco (8.6M). No obstante, la entidad sufrió una pérdida neta de 160 mil residentes respecto a 2020 debido a la migración juvenil y a la reducción de los nacimientos. La edad mediana en el estado supera los 33 años y el promedio de habitantes por vivienda bajó a 3.2.

Aunque la población veracruzana es predominantemente urbana (62.2%), un 37.8% vive en zonas rurales dispersas de las Altas Montañas, la Huasteca y el Totonacapan. En estas regiones, el 9% de los habitantes habla una lengua indígena (frente al 5.9% nacional) y el 1.2% de los hogares reporta condiciones de desplazamiento forzado.

Las carencias acumuladas resultan severas. Datos del CONEVAL y de la CONAVI indican que, aun cuando el rezago en espacio habitacional afecta al 12.6% de la población —con la meta de reducirlo al 8.25% en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030 (PVD)—, la falta de servicios básicos afecta al 37.4% de los habitantes. En términos absolutos, más de 1.3 millones de personas carecen de agua potable en su hogar, cerca de 2.2 millones no tienen drenaje y una cantidad equivalente cocina con leña o carbón sin chimenea. En el sistema educativo público, 1,053 planteles carecen de infraestructura digna: 60 no disponen de energía eléctrica, 873 no tienen drenaje y 457 no cuentan con suministro de agua.

En el ámbito laboral, la informalidad en Veracruz alcanzó un 69.1% en el segundo trimestre de 2026, lo que ubica a la entidad en la octava posición nacional con mayor informalidad A inicios de 2025, el IMSS registró solo 779,559 trabajadores asegurados (61.2% hombres y 38.8% mujeres). Esta fragilidad explica por qué más del 55% de los hogares en el estado depende de programas sociales, pensiones y remesas. De no reestructurar el modelo fiscal, productivo y de cuidados durante el presente lustro, para 2030 el gasto en salud y pensiones absorberá la totalidad del margen de libre disposición estatal, lo que paralizará la inversión pública en infraestructura y desarrollo social.

Frente al desgaste de los recursos públicos, las buenas prácticas internacionales ofrecen alternativas de adaptación. Organismos como el UNFPA y la OCDE coinciden en que la disminución de la natalidad exige orientar la inversión hacia actividades de alto valor agregado, automatización y sistemas de cuidado.

Japón atendió el envejecimiento mediante la concentración de servicios públicos en nodos urbanos estratégicos y el fomento de la robótica asistencial y la «economía plateada», evitando así la dispersión ineficiente de recursos en poblados aislados. Corea del Sur enfrentó la escasez de mano de obra al apostar por la inteligencia artificial y la capacitación continua de sus adultos. Por su parte, Suecia y Noruega demostraron que una red pública de estancias infantiles y centros comunitarios es la vía más efectiva para integrar a las mujeres al mercado laboral. México debe tomar nota de estas experiencias: con una participación laboral femenina de apenas el 41.0% frente al 70.6% masculina, la consolidación de un sistema integral de cuidados representa una prioridad macroeconómica urgente. No obstante, aprender de estas experiencias no implica replicar recetas extranjeras de forma acrítica. El valor de estos modelos radica en adoptar sus principios estratégicos —como la eficiencia en la entrega de servicios y la priorización de la economía del cuidado— para adaptarlos a la realidad local, caracterizada por una alta informalidad laboral, una amplia dispersión rural y una profunda diversidad cultural.

De igual forma, las Alianzas Público-Privadas (APP) bien diseñadas permiten financiar infraestructura sin poner en riesgo las finanzas estatales. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirman que los procesos de licitación transparentes generan ahorros sustanciales.

Trascender la inercia del diagnóstico exige pasar de la mera observación estadística a la toma de decisiones de Estado con carácter de urgencia. Dado que el margen de maniobra fiscal y temporal se agota, la articulación de una política prospectiva nacional con aterrizaje prioritario en el estado de Veracruz debe concretarse mediante tres directrices operativas prioritarias:

¿Qué hacer? Crear un Sistema Nacional y Estatal de Cuidados que articule estancias infantiles, centros gerontológicos y apoyo a cuidadoras informales. En Veracruz, es prioritario reorientar los fondos del FAIS e Invivienda para erradicar el rezago habitacional y dotar de servicios básicos a los 1,053 planteles rurales que carecen de ellos.

¿Qué mejorar? Acelerar la digitalización gubernamental.Según INFOTEC y la ENCIG, solo el 34.6% de los veracruzanos realiza trámites en línea. En materia de corrupción, se registran 18,165 actos por cada 100 mil habitantes, con 11,648 víctimas en la misma proporción. Por ello, se debe avanzar en la digitalización de trámites prioritarios, simplificar los registros catastrales municipales y profesionalizar el servicio público.

¿Qué aprovechar? Capitalizar la relocalización de empresas (nearshoring) y elevar la competitividad estatal exige vincular a las instituciones de educación superior y centros de investigación con los proyectos estratégicos de la entidad. Esta articulación contempla desde el Corredor Interoceánico en el sur hasta el nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) de Tuxpan en el norte, además de la modernización de los ejes logísticos e intermodales que conectan a Veracruz con los principales puertos del Golfo.

La implementación del Plan Nacional de Desarrollo y del PVD enfrenta una rigidez presupuestal marcada. La estructura del gasto en Veracruz deja un estrecho margen de maniobra: según la Clasificación Económica del Gasto de SEFIPLAN, más del 85% de los recursos se concentran engasto corriente, absorbiendo $70,760 millones de pesos en servicios personales y $42,879 millones en transferencias y subsidios para el ejercicio 2026, mientras que el gasto de capital para infraestructura e inversión, representa solo el 5.6% (alrededor de $9,981 millones de pesos).

A esta inflexibilidad se añade el peso del endeudamiento estatal, cuyo saldo con la SHCP asciende a 43,373 millones de pesos. Aunque la disciplina financiera de la última década redujo la proporción de compromisos respecto a los ingresos libres, la capacidad de contratación de deuda tradicional está prácticamente agotada.

Para financiar la infraestructura sin poner en riesgo la disciplina fiscal, existen tres mecanismos: 

Bonos sostenibles: Emitir deuda etiquetada en mercados de capital para financiar proyectos de agua potable, saneamiento y electrificación en los municipios de mayor rezago según el CONEVAL.

Pago por resultados: Establecer alianzas con el sector privado o fundaciones donde los desembolsos estatales se realicen al verificar el cumplimiento de metas establecidas.

Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD): Concesionar a largo plazo la conservación de la red carretera estatal, la infraestructura logística portuaria y el manejo integral de residuos urbanos, atendiendo la emergencia de los 191 tiraderos a cielo abierto reportados por la Procuraduría de Medio Ambiente estatal.

Llevar estas iniciativas a la práctica exige una dosis de pragmatismo. Al evaluar el aparato estatal, el panorama evidencia claroscuros. En el ámbito institucional hay alineación entre los planes estatal y nacional, pero existe una débil capacidad técnica en los 212 ayuntamientos para estructurar proyectos y licitaciones. En lo presupuestal, la alta dependencia de las participaciones federales (Ramos 28 y 33), la deuda acumulada y la rigidez del gasto corriente sofocan la inversión. Asimismo, la conectividad deficiente en zonas indígenas y la limitada profesionalización municipal dificultan la adopción tecnológica. 

Para prevenir la parálisis, la administración estatal necesita contener cuatro riesgos críticos: 

Efecto fiscal negativo: Una baja en las participaciones federales o el peso de los pasivos requerirá aplicar con rigor la reestructuración financiera, ajustar el gasto en nómina y actualizar el padrón de contribuyentes para elevar la recaudación propia.

Cuello de botella operativo: La escasez de cuadros técnicos capacitados en municipios rurales puede derivar en obras inconclusas. Para evitarlo, SEFIPLAN debe enviar brigadas de asistencia técnica y convenir capacitaciones con instituciones educativas y centros de investigación. 

Debilitamiento institucional: Veracruz ocupa el lugar 31 en el Índice de Desarrollo Democrático (IDD-Mex). Para recuperar la confianza ciudadana, se deben implementar licitaciones digitales abiertas, auditadas en tiempo real por el ORFIS, y fortalecer la contraloría social. 

Vulnerabilidad climática: Fenómenos como huracanes, sequías e inundaciones afectan la infraestructura y la actividad productiva. Mitigar este impacto exige incrementar el Índice de Gestión del Riesgo de 66.6 a 73.3 puntos en el sexenio y condicionar la obra pública al cumplimiento del Atlas de Riesgos y los criterios de resiliencia de la Agenda 2030. 

México y Veracruz enfrentan un cambio de época demográfico y fiscal. La viabilidad hacia 2030 no dependerá de fórmulas inerciales, sino de nuestra capacidad colectiva para analizar los datos, discutir prioridades y tomar decisiones estratégicas. Frente a una sociedad que envejece a ritmo acelerado, el debate está abierto: ¿estamos preparados para rediseñar nuestras políticas públicas antes de que el futuro nos alcance?

Ideario en Perspectiva

La realidad es más grotesca y menos divertida que cualquier meme. Pretender prohibir parodias y memes es querer arrancarle al país el único respiro cómico frente al desastre que ellos mismos han sembrado en ocho años. México necesita empleos formales, un sistema de salud digno, productividad, educación y seguridad; pero ellos, fieles al surrealismo, se obsesionan con censurar su espejo cómico.

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