Lobo Plateado
La salida de Guadalupe Taddei no ha cerrado la crisis del Instituto Nacional Electoral. Ahora resulta que su sucesora provisional, Blanca Yassahara Cruz García, también llega acompañada de cuestionamientos por contratos millonarios y presuntas irregularidades electorales.
Cuando presidía el Instituto Electoral de Puebla, Cruz García firmó un contrato por 129.7 millones de pesos con Comercializadora JVLY, empresa vinculada al grupo de proveedores de José Alfredo Hernández Casillas, cuyo nombre aparece en las investigaciones periodísticas sobre las contrataciones realizadas durante la gestión de Taddei.
La Auditoría Superior de la Federación detectó, en un contrato distinto de esa misma empresa con el INE, un posible daño patrimonial por 63.2 millones de pesos. Además, la fiscalización estatal de Puebla señaló documentación faltante en la contratación local. Estos hallazgos no prueban responsabilidad personal de Cruz García, pero obligan a revisar su actuación.
Y todavía hay más. Investigaciones periodísticas han denunciado una presunta transferencia irregular de 27 mil votos de Morena a Fuerza por México durante los comicios poblanos de 2024, partido relacionado con Pedro Haces. También se han planteado interrogantes sobre la influencia política de Ricardo Monreal en el ascenso de Cruz García. Son señalamientos que requieren pruebas y esclarecimiento, no conclusiones anticipadas.
¿Cómo pretende el INE recuperar la confianza ciudadana si su nueva presidencia comienza bajo cuestionamientos que todavía no han sido aclarados? Cruz García afirma que no tiene nada que ocultar. Entonces debe facilitar la revisión de los expedientes, explicar las contrataciones y transparentar las decisiones tomadas bajo su responsabilidad.
La crisis tampoco puede reducirse a dos nombres. El Órgano Interno de Control reportó investigaciones relacionadas con contratos, funcionarios y empresas, por posibles conflictos de interés y uso irregular de recursos públicos.
El INE necesita una investigación de fondo, no solamente un relevo de escritorio. Porque cambiar a la presidenta mientras permanecen las dudas sobre contratos, proveedores y decisiones electorales no resuelve la crisis: simplemente cambia a quien tendrá que dar las explicaciones.