El debate sobre las condiciones de vida en México suele oscilar entre el optimismo gubernamental y el desencanto cotidiano. Cuando el INEGI dio a conocer los resultados de la medición de pobreza multidimensional de 2024, informó que la proporción de personas en situación de pobreza cayó al 29.6% de la población, lo que equivale a 38.5 millones de personas, frente a los 46.8 millones registrados en 2022. A partir de estos datos, la narrativa oficial celebró un logro histórico. En términos estadísticos, que menos de tres de cada diez mexicanos se ubiquen bajo este umbral representa el nivel más bajo desde 2016, cuando el indicador alcanzaba al 43.2% de la población. Del mismo modo, la pobreza extrema descendió al 5.3%, al pasar de 9.1 millones de personas en 2022 a 7 millones en 2024.
Sin embargo, la experiencia cotidiana en las comunidades urbanas y rurales del país obliga a mirar más allá de los titulares. Aunque los aumentos al salario mínimo y las transferencias gubernamentales han fortalecido los ingresos de numerosas familias, esta mejora convive con el deterioro de servicios públicos esenciales. México enfrenta así una profunda paradoja: los hogares cuentan con mayor capacidad de gasto, pero al mismo tiempo padecen una menor protección institucional que pone en riesgo la estabilidad de esos avances.
Para comprender la dimensión real de este fenómeno, es necesario examinar los fundamentos y las herramientas con las que se mide la pobreza. La metodología multidimensional, desarrollada originalmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y aplicada por el organismo nacional de estadística, se sustenta en el reconocimiento de derechos constitucionales. Bajo este esquema, se considera en situación de pobreza a quien no dispone de ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria y, además, presenta al menos una de las seis carencias sociales definidas por la ley: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.
Frente a este modelo institucional, el estudio Pobreza en la población de 25 a 64 años en México 2023 ofrece un diagnóstico que permite comprender mejor la realidad de país. Elaborado por los investigadores Héctor Nájera Catalán y Fernando Cortés Cáceres para el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM (PUED-UNAM) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el trabajo utiliza el enfoque de privación relativa junto con el Método Consensual de Privación. Esta perspectiva, desarrollada por Peter Townsend en 1979, no parte de una lista de necesidades definida por el gobierno, sino de aquello que la propia sociedad considera indispensable para vivir con dignidad y participar plenamente en la vida comunitaria.
A partir de la Encuesta ESRU-EMOVI 2023, la investigación determinó, mediante modelos de Análisis de Clases Latentes, que el umbral que separa a la población pobre de la no pobre se ubica en la acumulación de dos o más carencias socialmente reconocidas, asociadas a un ingreso corriente per cápita de 5,180 pesos mensuales. Bajo esta medición, el 30.2% de la población adulta de entre 25 y 64 años, equivalente a 19.4 millones de personas, vivía en pobreza estructural.
No obstante, la principal aportación de este enfoque es su capacidad para identificar distintos niveles de vulnerabilidad. Además del 42.8% clasificado como no pobre y del 6.9% que se encuentra en proceso de salir de la pobreza gracias a ingresos superiores al umbral establecido, el estudio identifica a un 20.1% de la población adulta en riesgo de caer en la pobreza. Este grupo está integrado por 12.9 millones de personas que presentan pocas privaciones materiales, pero cuyos ingresos familiares permanecen por debajo de los 5,180 pesos mensuales. Son familias que todavía logran sostener ciertas condiciones de bienestar gracias a ahorros o recursos acumulados, pero cuya posición es frágil. Cualquier imprevisto puede llevarlas a una rápida acumulación de carencias.
Es precisamente en la experiencia cotidiana donde el enfoque de privación relativa modifica la discusión pública al preguntar directamente a la ciudadanía qué considera necesario para llevar una vida digna. Los resultados muestran carencias que la medición tradicional suele atenuar. Más de un tercio de la población de entre 25 y 64 años reporta no tener recursos suficientes para realizarse estudios o tratamientos médicos prescritos por un profesional de la salud (30.8%) o para adquirir medicamentos durante una enfermedad (27.8%). Además, el 24.8% declara no contar con dinero para acudir a una consulta médica cuando la necesita.
Las limitaciones también alcanzan otros ámbitos. En una sociedad cada vez más conectada, el 22.3% de las personas carece de recursos para contratar internet fijo en su hogar, mientras que el 8.8% no puede cubrir el costo del transporte público para todos los integrantes de su familia. Cuando se incorpora la percepción social sobre las necesidades de la vida contemporánea, resulta evidente que disponer de una vivienda construida con materiales duraderos no garantiza por sí solo la inclusión plena en la comunidad.
Esta tensión entre la posesión de bienes materiales y la integración social adquiere una dimensión más preocupante al revisar los indicadores del sistema de salud. De acuerdo con los datos oficiales, mientras la pobreza por ingresos disminuía, el porcentaje de personas sin afiliación a alguna institución pública o privada de salud aumentó de forma sostenida: pasó del 15.6% en 2016, equivalente a 18.8 millones de personas, al 34.2% en 2024, es decir, 44.5 millones de habitantes sin cobertura médica formal. Este crecimiento refleja los efectos de las sucesivas reformas administrativas, desde la desaparición del Seguro Popular hasta la transición por el Instituto de Salud para el Bienestar y la implementación del esquema IMSS-Bienestar.
Las consecuencias para las familias son significativas. La falta de atención médica pública obliga a muchos hogares a cubrir por cuenta propia consultas, medicamentos y estudios clínicos, precisamente los rubros donde las carencias son más visibles. A ello se suma el déficit persistente en materia de seguridad social que, en 2024, afectaba al 48.2% de la población y alcanzaba el 74.6% en las zonas rurales, donde la informalidad laboral mantiene una fuerte presencia.
La pobreza tampoco se distribuye de manera uniforme entre regiones y grupos sociales. En el caso de la niñez y la adolescencia, las evaluaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y de las instituciones responsables de la política social muestran niveles de pobreza superiores a los observados entre los adultos. En 2024, mientras la pobreza afectaba al 26.1% de las personas mayores de 18 años, entre niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años ascendía al 38.7%, lo que equivale a 14 millones de menores de edad.
La situación es aún más delicada en la primera infancia, donde el 41.9% de los menores de cinco años vive en pobreza. En las comunidades indígenas, el panorama es todavía más severo: el 82.3% de la población infantil enfrenta pobreza multidimensional y el 50.2% pobreza extrema.
Por otra parte, el estudio del PUED-UNAM y el CEEY revela una brecha de género poco visible en las mediciones tradicionales. Al evaluar el acceso individual a bienes y condiciones básicas de bienestar entre personas de 25 a 64 años, las mujeres registran una tasa de pobreza de 35.1%, frente al 24.6% de los hombres. La diferencia, de 10.5 puntos porcentuales, está vinculada a desigualdades salariales y a la carga desigual de los trabajos de cuidado no remunerados.
Estas diferencias sociales se combinan con marcados contrastes territoriales. Mientras entidades como Baja California y Nuevo León registran niveles de pobreza de 9.9% y 10.6%, respectivamente, estados como Chiapas, con 66%; Guerrero, con 58.1%; y Oaxaca, con 51.6%, mantienen rezagos históricos que siguen condicionando las oportunidades de millones de personas.
Ante estas desigualdades, resulta innegable el papel que han desempeñado los programas de transferencias monetarias directas para contener el aumento de la pobreza. Las estimaciones basadas en las encuestas de ingresos y gastos muestran que, sin apoyos como las pensiones para personas adultas mayores o las becas educativas, la pobreza multidimensional habría alcanzado al 32.8% de la población en 2024, equivalente a 42.7 millones de personas, en lugar del 29.6% reportado oficialmente. Esto significa que las transferencias evitaron que 4.2 millones de personas adicionales cayeran en situación de pobreza.
En el caso de la pobreza extrema por ingresos, los programas sociales impidieron que la proporción de personas cuyos recursos no alcanzan siquiera para adquirir la canasta alimentaria aumentara de 9.3% a 12.8%, lo que permitió proteger a 4.6 millones de personas de condiciones alimentarias críticas.
Sin embargo, estos mismos datos muestran los límites de una estrategia basada principalmente en transferencias monetarias. Aunque los apoyos alivian la falta inmediata de ingresos y contribuyen a mejorar el acceso a alimentos, no pueden sustituir por sí solos un sistema de salud universal, escuelas equipadas, servicios de cuidado infantil o un mercado laboral con mayores niveles de formalidad y protección.
A esta radiografía de las carencias sociales se suma una señal de alerta en el mercado laboral que pone en duda la capacidad de muchos hogares para sostener sus avances económicos. Según un análisis de datos del INEGI difundido por la economista Gabriela Siller, en lo que va del año apenas se han generado 24 mil empleos formales, la cifra más baja desde 2020.
Lo más preocupante es que la economía informal tampoco logró absorber a quienes quedaron fuera del empleo formal. Por el contrario, este sector registró una pérdida neta de más de 420 mil puestos de trabajo. En un país que necesita incorporar cada año a cerca de un millón de jóvenes al mercado laboral, la escasa generación de empleo, sumada a la incertidumbre jurídica, las debilidades del Estado de derecho y el aumento de los costos para las empresas, plantea un escenario complejo. De mantenerse esta tendencia, podrían intensificarse las presiones sobre las finanzas públicas, aumentar el endeudamiento y profundizarse los riesgos de tensión social.
El balance sobre la evolución reciente de la pobreza en México coloca al Estado frente a un gran desafío. La reducción de la pobreza por ingresos abre una oportunidad que no debería diluirse en celebraciones anticipadas. Los datos muestran que más personas cuentan hoy con mayores recursos económicos que hace algunos años, pero también evidencian que millones permanecen expuestas a sistemas de salud debilitados, esquemas insuficientes de protección social y un mercado laboral con señales de desaceleración.
El principal riesgo consiste en asumir que las transferencias económicas pueden reemplazar la construcción de un auténtico sistema de bienestar. Mantener una política centrada casi exclusivamente en el ingreso, sin fortalecer los servicios públicos, ni impulsar la creación de empleos formales, dejará a millones de familias en una situación de vulnerabilidad, expuestas a perder sus avances ante cualquier crisis económica o sanitaria.
Reducir de forma duradera la exclusión social exige una estrategia integral basada en la inversión pública, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico. Esto implica robustecer el sistema nacional de salud, avanzar hacia un sistema universal de cuidados que amplíe la autonomía económica de las mujeres y colocar a la infancia en el centro de las políticas públicas.
La pobreza puede disminuir por decreto presupuestal durante un tiempo, pero el bienestar solo se sostiene cuando existe empleo, certidumbre y acceso efectivo a derechos básicos. Los datos muestran avances que merecen reconocerse, pero también alertan sobre fragilidades que no deben ignorarse. Celebrar la reducción de la pobreza es legítimo; creer que el problema está resuelto sería un error que el país podría pagar muy caro.
Ideario en Perspectiva
La Auditoría revisa expedientes y la oposición exige explicaciones. Qué desafortunada coincidencia que todo ocurra justo cuando arranca el proceso electoral. La crisis en el órgano electoral no es un problema exclusivo del INE; es un problema nacional. Cuando el árbitro acumula explicaciones antes que certezas, cualquier resultado termina bajo sospecha. Las elecciones se cuentan con votos, pero se sostienen con confianza. Y esa ya empezó a escasear.