Agencias/Sociedad 3.0
El proceso penal que enfrenta el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos federales se prolongará, por lo menos, hasta 2027, luego de que fuera ampliado el plazo de la investigación complementaria.
Duarte fue vinculado a proceso el pasado 17 de febrero por el delito de peculado. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber intervenido en el presunto desvío de recursos federales durante su administración en Veracruz. En una de las causas se investiga específicamente el destino de cinco millones de pesos correspondientes a subsidios federales para apoyo a personas con discapacidad.
El plazo inicial para concluir la investigación complementaria venció en agosto; sin embargo, a petición de las partes, durante una audiencia celebrada el 24 de septiembre se autorizó una nueva ampliación que concluirá el próximo 24 de diciembre.
Incluso existe la posibilidad de solicitar otra prórroga de tres meses. Esto provocaría que la presentación formal de la acusación y la posterior etapa intermedia se extiendan todavía más, por lo que el juicio oral podría comenzar hasta mediados de 2027.
El nuevo proceso también mantiene a Duarte en prisión. En febrero, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor le impuso prisión preventiva justificada, medida que impidió su salida del Reclusorio Norte al aproximarse el cumplimiento de la sentencia de nueve años que recibió por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos federales durante el gobierno de Duarte.
Duarte mantiene su defensa
La defensa del exgobernador, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, ha promovido distintos juicios de amparo para combatir las decisiones judiciales tomadas dentro del nuevo proceso.
Uno de sus principales argumentos es que no existen elementos suficientes para configurar el delito de peculado. Duarte sostiene que los recursos señalados por la Fiscalía no fueron depositados en cuentas personales ni utilizados directamente para incrementar su patrimonio, sino que permanecieron dentro de cuentas del Gobierno de Veracruz y fueron empleados para atender otros compromisos de la administración estatal.
La FGR sostiene una interpretación distinta. Al formular la imputación, señaló que durante el gobierno de Duarte se habrían mezclado recursos estatales y federales para utilizarlos en fines diferentes a aquellos para los que originalmente estaban destinados.
La defensa también ha cuestionado el proceso bajo el argumento de que podría existir una violación al principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre México y Guatemala, país desde donde Duarte fue extraditado en 2017. Este argumento ya fue planteado durante la audiencia de febrero, pero el juez permitió que continuara el procedimiento.
Mientras los amparos siguen su curso y la investigación complementaria continúa abierta, el exgobernador permanecerá sujeto al nuevo proceso penal y bajo la medida cautelar impuesta por el juez federal.
-Con información de Milenio
