Agencias/Sociedad 3.0
El caso de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz, volvió al debate político luego de que la senadora panista Lilly Téllez utilizara unas esposas durante una intervención en tribuna para reclamar que se investigue y, en su caso, se determinen responsabilidades contra el funcionario por el episodio protagonizado con médicos residentes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
Durante la discusión de una reforma que sus críticos han denominado “Ley Antimemes”, Téllez mostró las esposas y afirmó que deberían utilizarse contra delincuentes, extorsionadores y contra “el médico aquel de Veracruz que amenazó a una joven doctora”, en referencia a Ramos Alor. El señalamiento de la legisladora constituye una postura política y no implica que exista hasta ahora una determinación judicial de responsabilidad contra el funcionario.
El episodio al que hizo referencia ocurrió el pasado 8 de septiembre, durante una reunión entre Ramos Alor y médicos residentes que reclamaban la falta de medicamentos, equipo y materiales necesarios para realizar cirugías y otros procedimientos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
En el video difundido posteriormente, una residente cuestionó las condiciones en las que debían continuar trabajando y la respuesta del coordinador estatal fue: “Si usted no quiere operar y no participar, no opere”. Durante la misma conversación también recordó al personal en formación que sus evaluaciones dependen de las áreas institucionales correspondientes.
Las declaraciones generaron cuestionamientos y llevaron al propio IMSS-Bienestar a señalar que las expresiones difundidas no representaban la postura institucional. Ramos Alor ofreció posteriormente una disculpa pública por la manera en que se dirigió a los residentes.
El asunto escaló también al terreno legal. El 23 de septiembre, las dirigencias nacional y estatal de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se investiguen posibles delitos de abuso de autoridad, intimidación y contra la salud. La querella fue turnada a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Movimiento Ciudadano también pidió la separación de Ramos Alor de la coordinación estatal del IMSS-Bienestar y que se revisara administrativamente su actuación. Hasta ahora, la presentación de la denuncia no equivale a que los delitos señalados hayan sido acreditados; corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para proceder penalmente.
El caso mantiene bajo escrutinio las condiciones de atención en hospitales públicos de Veracruz. Antes de la polémica por las declaraciones de Ramos Alor, médicos y residentes ya habían realizado movilizaciones para denunciar carencias de medicamentos e insumos, entre ellos gasas, guantes y otros materiales necesarios para atender pacientes y realizar procedimientos.
Con la intervención de Téllez en el Senado, la controversia volvió a colocarse en la discusión pública, mientras permanece pendiente la resolución de las investigaciones iniciadas a partir de la denuncia presentada ante la FGR.