Lobo Plateado
La detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua y durante más de quince años uno de los colaboradores más cercanos de la gobernadora Maru Campos, ha provocado una crisis política que rebasa las fronteras del estado. Hoy enfrenta una acusación federal de traición a la patria, mientras su antigua aliada respalda que sea investigado.
El origen está en un operativo antidrogas realizado en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, en el que participaron dos agentes estadounidenses presuntamente sin autorización federal. Ambos murieron junto con dos funcionarios mexicanos en un accidente carretero. Meses después, Jáuregui terminó detenido y trasladado al penal del Altiplano.
Pero el asunto no termina en los tribunales. Maru Campos asegura que nadie está por encima de la ley, mientras Jáuregui sostiene que las acusaciones tienen un trasfondo político. La gobernadora debe explicar qué sabía sobre la operación, cuándo se enteró de la participación extranjera y qué instrucciones recibieron sus funcionarios.
La ruptura ocurre cuando Chihuahua se prepara para renovar la gubernatura en 2027. Morena ha colocado a Cruz Pérez Cuéllar al frente de su estructura estatal, mientras el PAN enfrenta divisiones internas y cuestionamientos sobre el futuro político de Campos y sus antiguos colaboradores.
¿Estamos frente a una investigación exclusivamente judicial o la disputa por el poder está influyendo en el tratamiento político del caso? La coincidencia temporal no demuestra un pacto entre gobiernos, pero exige transparencia para evitar que las decisiones judiciales se confundan con negociaciones electorales.
Claudia Sheinbaum niega cualquier acuerdo con Maru Campos para detener al exfiscal. Esa posición debe contrastarse con expedientes, pruebas y resoluciones judiciales, no solamente con declaraciones públicas.
Chihuahua necesita conocer quién autorizó la intervención de los agentes extranjeros, quién tenía conocimiento del operativo y quién debe responder por las decisiones tomadas.
Porque si la ley se aplica, debe alcanzar a todos los responsables. Y si existen intereses políticos detrás de las acusaciones, también deben quedar al descubierto. La justicia no puede convertirse en una pieza más del tablero sucesorio de Chihuahua.