Octubre de 2026 marcó un punto de quiebre. Las protestas por las fallas en el sistema de salud en México rebasaron las paredes de clínicas y hospitales para tomar las calles. Personal médico y operativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloqueó avenidas y vialidades en distintas regiones del país bajo el lema “Pagas impuestos y no hay medicamentos”. Desde las conferencias matutinas, el gobierno intento intentó reducir el descontento a una simple protesta gremial. Sin embargo, la protesta social reflejaba una realidad insostenible de ignorar: el desgaste de un sistema afectado por condiciones laborales deficientes y una grave escasez de insumos básicos.
Al mismo tiempo, un informe interno de la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó al descubierto la magnitud del problema. La escasez alcanzó incluso al Hospital Central Militar, una institución que durante años abasteció más del 90% de sus medicamentos y que hoy apenas cubre el 56% de las recetas. Que un hospital de las fuerzas armadas opere hoy con casi la mitad de las prescripciones sin surtir confirma la profundidad de la crisis. Aunque el sistema de salud arrastre rezagos históricos, siguen existiendo dudas sobre por qué el Estado sigue fallando en lo más elemental, a pesar de las promesas hechas en los últimos ocho años, las protestas a gran escala y las constantes denuncias.
Detrás de las cifras hay rostros humanos. Para las familias de pacientes con enfermedades crónicas, la imposibilidad de obtener medicamentos en las farmacias públicas significa suspender tratamientos o asumir gastos que no pueden afrontar. Para el personal de salud, la jornada transcurre entre la frustración de atender a los enfermos sin los insumos necesarios y la desorganización de almacenes desconectados de los puntos de entrega.
El diagnóstico oficial y los hallazgos de investigaciones independientes coinciden en la gravedad del problema. Aunque las autoridades sostienen que la tasa general de abastecimiento supera el 94%, distintos registros independientes indican que millones de recetas quedan sin surtirse de forma total o parcial debido a fallas persistentes en la gestión de inventarios. En el primer nivel de atención, la intermitencia en el suministro de medicamentos esenciales limita la operación de clínicas comunitarias y centros de salud. Esta carencia responde, además, a una subinversión histórica: México destina apenas el 2.7% de su PIB al a la salud pública, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar una cobertura universal y eficaz de la atención médica. Como resultado, más de 44 millones de personas carecen de acceso asegurado de servicios de salud.
La paradoja logística resulta obvia. Mientras auditorías federales han documentado irregularidades y observaciones por aclarar en Birmex por más de mil millones de pesos relacionados con contratos deficientes e insumos de baja calidad, el sistema de salud acumula años tras año millones de recetas sin surtir. La ineficiencia alcanza niveles preocupantes cuando la Auditoría Superior de la Federación reporta que, mientras miles de pacientes padecen desabasto, cantidades significativas de medicamentos y materiales de curación caducan en almacenes institucionales antes de llegar a quienes los necesitan.
Ante la presión social, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la legitimidad de las demandas del personal sanitario y atribuyó los retrasos a fallas logísticas internas y al incumplimiento de proveedores. Sin embargo, la estrategia de comunicación oficial ha buscado desplazar la atención hacia una promesa tecnológica impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT): la consolidación de la plataforma Llave MX, el Expediente MX y la promesa de lograr la interoperabilidad nacional e integrar inteligencia artificial hacia 2027.
No obstante, existe una amplia brecha entre ese discurso y la realidad de los hospitales. Mientras el gobierno proyecta la incorporación de inteligencia artificial, más del 60% de los médicos del país aún trabaja con expedientes y recetas en papel. Estudios de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) señalan que solo entre el 36% y el 40% utiliza expedientes clínicos electrónicos de forma habitual. La distancia entre la promesa tecnológica y una herramienta útil para la atención médica sigue siendo enorme.
Frente a este escenario, la salud digital junto con la inteligencia artificial agéntica deben entenderse no como elementos tecnológicos decorativos o lujos futuristas, sino como instrumentos de gobernanza capaces de administrar mejor los recursos disponibles y garantizar una distribución eficiente y equitativa de los medicamentos. Cuando los insumos escasean, la diferencia entre el caos y una respuesta oportuna depende de la capacidad institucional para procesar e intercambiar información en tiempo real. México cuenta con los marcos normativos necesarios para avanzar en esa dirección, entre ellos la NOM-024-SSA3, el estándar internacional HL7 FHIR en su versión 5 y la terminología clínica SNOMED CT.
Para comprender como funcionaría este modelo en situaciones reales, imaginemos el recorrido de un paciente con hipertensión no controlada y posibles complicaciones cardíacas Al acudir a su unidad médica, el profesional de la salud abre un expediente electrónico interoperable bajo el estándar HL7 FHIR. De inmediato, un asistente de inteligencia artificial analiza el historial clínico y verifica en tiempo real las existencias de medicamentos en farmacias locales y regionales. Si el fármaco prescrito no está disponible en la farmacia de la unidad, el sistema identifica y sugiere alternativas terapéuticas equivalentes o activa un mecanismo de redistribución desde otro centro de abastecimiento.
Si la clave está agotada en toda la red pública, la receta electrónica autoriza de el surtido del medicamento en una farmacia privada convenida con cargo a la institución. De esta manera se elminan trámites innecesarios y se evita trasladar la carga económica del paciente.
Al mismo tiempo, cuando la plataforma detecta indicadores de riesgo, genera una referencia automática a cardiología. En lugar de someter al paciente a largas listas de espera, el sistema evalúa la urgencia clínica y busca espacios disponibles en agendas interconectadas del sector público. Así puede ofrecer una teleconsulta o una cita presencial en el hospital con menor saturación dentro de un plazo de 48 horas. Todo queda registrado en un único expediente clínico, lo que favorece la continuidad de la atención transparente y reduce pérdida de información.
La transformación digital del sector salud y la construcción de esta arquitectura interconectada no son un ejercicio teórico, sino una política con resultados medibles en distintos países. Estonia es uno de los referentes más avanzados. A través de su plataforma descentralizada X-Road y de un sistema de receta electrónica en funcionamiento desde hace más de quince años, logró digitalizar el 99% de sus trámites médicos. Un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2025 demuestra que la automatización de subsidios farmacéuticos mediante la e-receta elevó del 0.4% al 15.6% la proporción de ciudadanos que reciben descuentos automáticos en ventanilla al surtir sus medicinas, protegiendo a los hogares vulnerables frente a gastos catastróficos.
Dinamarca ofrece otro ejemplo relevante. Su red de comunicación sanitaria MedCom y el uso de inventario en tiempo real apoyados por inteligencia artificial lograron reducir en un 15% los costos logísticos y mejoraron la disponibilidad de medicamentos en hospitales y farmacias en un 20%. En el Reino Unido, las herramientas para clasificar pacientes y gestionar citas mediante la aplicación del NHS han agilizado el acceso a más de un millón de usuarios para programar consultas con mayor rapidez, mientras modelos predictivos poblacionales como Foresight y CogStack que operan en entornos seguros de datos y ayudan a anticipar necesidades de atención. En todos estos casos existe un elemento en común: una gobernanza sólida basada en estándares compartidos de interoperabilidad.
En México, los retrasos en la integración digital y la gobernanza de datos tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas y la economía de los hogares. Datos del Banco Mundial señalan que el gobierno cubre apenas el 48.6% del gasto total en salud, mientras más del 41% proviene directamente del bolsillo de las familias. Esta cifra nos coloca muy lejos de naciones como Suecia, Reino Unido o Colombia, donde el gasto familiar no supera el 17%. En promedio, los hogares mexicanos destinan 6,421 pesos al año a gastos sanitarios. Para los sectores de menos ingresos, esta carga aún es mayor, pues llegan a destinar hasta el 5.9% de sus recursos a consultas y medicamentos, rubro que concentra una parte importante del gasto familiar. Como resultado, más de un millón de hogares experimentan gastos catastróficos y miles caen en condiciones de pobreza debido a una emergencia médica.
Es necesario ser claros. La inteligencia artificial, los expedientes electrónicos y las plataformas digitales no van a sustituir la necesidad de aumentar la inversión pública en salud del 2.7% al 6% del PIB, ni van a reemplazar a los médicos, enfermeras y demás profesionales que sostienen la atención diaria en hospitales y clínicas.
Sin embargo, la trazabilidad de datos en tiempo real sí permite aprovechar cada peso invertido, reducir la opacidad en los almacenes y fortalecer el cumplimiento del derecho constitucional a la salud. Los estándares técnicos, como la NOM-024-SSA3 y HL7 FHIR, ya existen y pueden convertirse en una política de Estado efectiva. La pregunta para el Estado mexicano es simple: ¿cuánto tiempo más tendrán que esperar los pacientes en la fila de una farmacia para que la tecnología deje de ser una promesa de gobierno y se convierta en una herramienta útil para atención médica cotidiana? O ¿se cansará primero el ganso?.
Ideario en Perspectiva
La inteligencia artificial cayó como anillo al dedo: cualquier error, descuido, pifia, evidencia incómoda o video comprometedor encuentra un chivo expiatorio perfecto en los algoritmos o los montajes de la oposición. Sin embargo, el análisis serio, imparcial y objetivo para corregir los desatinos no recae en los robots digitales, sino en la capacidad, la voluntad y el verdadero compromiso con la verdad. Pretender lo anterior implica olvidar que la tecnología no gobierna; la responsabilidad es de quienes ocupan el cargo. Pretender que lo reconozcan es, desde luego, pedirle peras al olmo. Triste consuelo: es lo que hay