La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral está lejos de cerrar el escándalo. Nuevas grabaciones atribuidas al contratista José Alfredo Hernández Casillas abren interrogantes todavía más graves: presuntos beneficios para los hijos de la exfuncionaria, propiedades, viajes de lujo y facturas por seis millones de pesos.
En uno de los audios difundidos, el empresario asegura que los dos hijos de Taddei tienen casa gracias a los negocios que él realizó. En otras grabaciones presume su influencia sobre funcionarios y contrataciones del INE. Las declaraciones no constituyen pruebas definitivas de corrupción, pero su contenido exige una investigación patrimonial y financiera.
Y el problema es mucho mayor. Una investigación periodística identificó una red de empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas que obtuvo 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales, mediante procedimientos en los que compañías relacionadas habrían simulado competir entre sí.
¿Quién autorizó esos contratos? ¿Quién verificó que las licitaciones fueran auténticamente competitivas? ¿De dónde provinieron los recursos para las propiedades y los viajes mencionados en las grabaciones?
La Auditoría Superior de la Federación y las autoridades competentes deben revisar contratos, facturas, transferencias, declaraciones patrimoniales y posibles conflictos de interés. También corresponde investigar a los funcionarios que pudieron intervenir en las adjudicaciones.
Taddei tiene derecho a defenderse y a que las acusaciones se comprueben. Pero su renuncia no elimina la obligación de explicar las decisiones tomadas durante su administración.
México no necesita otro escándalo que termine archivado entre expedientes y declaraciones. Necesita saber si el dinero destinado a organizar elecciones terminó beneficiando indebidamente a particulares.
Porque si se demuestra que hubo recursos públicos utilizados para financiar privilegios familiares, no bastará con haber dejado el cargo: tendrán que responder todos los involucrados, desde quienes autorizaron los contratos hasta quienes recibieron los beneficios.