Lobo Plateado
En Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación acaba de exhibir una irregularidad que parece sacada de una película de corrupción: el gobierno estatal realizó pagos por 319 mil 126 pesos a 88 personas que aparecían como fallecidas en los registros oficiales. Sí, mientras miles de veracruzanos enfrentan carencias, los recursos públicos terminaron registrados a nombre de personas muertas.
El hallazgo forma parte de la revisión del Fondo de Aportaciones Múltiples, destinado a infraestructura educativa y asistencia social. Pero el escándalo no termina ahí. La ASF también detectó un millón 359 mil pesos correspondientes al anticipo de una obra cuyo reintegro no fue acreditado. En conjunto, las observaciones ascienden a un millón 678 mil pesos.
Y todavía hay más: durante la auditoría, el gobierno de Veracruz tuvo que reintegrar 4 millones 72 mil pesos a la Tesorería de la Federación. Es decir, la revisión federal encontró problemas que obligaron a devolver recursos y dejó pendientes otras cantidades por aclarar.
¿Quién autorizó los pagos a personas fallecidas? ¿Quién verificó los padrones? ¿Quién recibió realmente ese dinero? ¿Dónde están los responsables de vigilar los recursos destinados a los sectores más necesitados?
La gobernadora Rocío Nahle debe exigir explicaciones públicas a las dependencias involucradas y esclarecer si las irregularidades corresponden a la administración anterior o a la actual. No basta con culpar a los sistemas administrativos ni esconderse detrás de trámites de solventación.
Es importante precisar que la ASF todavía no ha determinado que los recursos hayan sido robados. Pero pagar apoyos a personas registradas como fallecidas y no acreditar el reintegro de un anticipo millonario son hechos suficientemente graves para exigir una investigación a fondo.
Lo verdaderamente indignante es que el dinero destinado a la asistencia social y a las escuelas termine bajo sospecha por controles administrativos deficientes. En Veracruz no puede haber recursos para beneficiarios fallecidos mientras las necesidades de los ciudadanos vivos siguen esperando respuesta.
Porque si el gobierno ni siquiera puede demostrar quién cobra el dinero público, ¿con qué autoridad presume transparencia? Los muertos no pueden rendir cuentas. Los funcionarios responsables, sí.

