Agencia/Sociedad 3.0
3 de noviembre de 2026.— El gasto destinado al pago de pensiones se ha convertido en uno de los principales compromisos de las finanzas públicas mexicanas. Al cierre de septiembre, estos recursos representaron el 24 por ciento del gasto público ejercido por la administración federal, es decir, prácticamente uno de cada cuatro pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los datos, publicados en los informes financieros del Gobierno federal y retomados por La Jornada, muestran que entre enero y septiembre de 2026 se destinaron un billón 742 mil 384.7 millones de pesos a las pensiones contributivas y a los programas dirigidos a personas adultas mayores y mujeres de entre 60 y 64 años.
La cifra refleja la creciente presión que representa el sistema de pensiones para el presupuesto nacional, en un contexto de envejecimiento de la población y aumento de las obligaciones del Estado.
Más de 2.3 billones de pesos durante 2026
Las estimaciones para el cierre del año contemplan un gasto total de 2 billones 304 mil 341.2 millones de pesos en pensiones relacionadas con el retiro y los programas de bienestar para adultos mayores y mujeres.
De ese monto, las pensiones contributivas —correspondientes a los sistemas del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE— representan aproximadamente 1 billón 720 mil 864.2 millones de pesos.
Por su parte, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla 526 mil 508 millones de pesos, mientras que el programa Mujeres Bienestar cuenta con una previsión de 56 mil 969 millones.
Para 2027, las proyecciones citadas por la publicación apuntan a que el gasto conjunto aumentaría a 2 billones 443 mil 601 millones de pesos, sin considerar las pensiones destinadas a personas con discapacidad permanente.
Una brecha importante entre los sistemas de pensiones
Además del crecimiento del gasto, el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte diferencias considerables en los montos promedio que reciben los pensionados, dependiendo de la institución a la que pertenecieron durante su vida laboral.
Para 2027, el promedio presupuestado por pensionado de la Comisión Federal de Electricidad alcanzaría un millón 175 mil 344 pesos anuales, mientras que en Petróleos Mexicanos sería de 616 mil 225 pesos.
En el caso del ISSSTE, el promedio estimado sería de 276 mil 880 pesos, y para los pensionados del IMSS, de 169 mil 725 pesos.
Estas diferencias reflejan las distintas condiciones laborales, sistemas de jubilación y esquemas de financiamiento que existen en el país.
El envejecimiento de la población aumenta la presión presupuestaria
El incremento del gasto también está relacionado con la transformación demográfica de México. El aumento de la población mayor de 60 años implica que cada vez más personas requieren ingresos durante su retiro, servicios médicos y apoyos económicos.
A ello se suma la expansión de los programas sociales destinados a garantizar un ingreso básico para sectores de la población que no necesariamente cuentan con una pensión contributiva.
El reto para las finanzas públicas consiste en mantener estos compromisos sin comprometer otros rubros fundamentales, como salud, educación, infraestructura y seguridad.
El desafío financiero para los próximos años
El crecimiento de las obligaciones pensionarias abre un debate sobre la sostenibilidad del gasto público y la desigualdad entre los diferentes sistemas de jubilación.
Mientras millones de personas dependen de los programas de bienestar para complementar sus ingresos, otros sectores reciben pensiones vinculadas a regímenes laborales específicos con montos considerablemente superiores.
El comportamiento del gasto durante los próximos años será determinante para la planeación presupuestaria del país. La discusión ya no se limita a cuánto dinero se destina a las pensiones, sino también a cómo garantizar su financiamiento y reducir las desigualdades entre quienes llegan a la edad de retiro.
