La nueva Ley de la Industria Eléctrica —que podría ser la última gran reforma legal que apruebe la actual mayoría legislativa de Morena y una de las que más le importan al Presidente para “sentar las bases” de su “cuarta transformación” antes de los inciertos comicios de junio próximo— tendrá una aprobación de casi trámite este martes en la Cámara de Diputados. Y antes de que termine la semana, la mayoría morenista hará lo mismo en el Senado de la República para que el Ejecutivo federal la promulgue de inmediato y “sin cambiarle ni una coma”, según volvió a advertir ayer López Obrador desde La Paz, en un mensaje de fuerza que confirma que no hay marcha atrás en la contrarreforma al sector eléctrico y que, llegado el caso, iría hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para “blindarla” y legitimar su constitucionalidad.
Lo que seguiría es esperar a que la nueva Ley de Industria Eléctrica sea promulgada por el Ejecutivo y a partir de ahí pueda ser controvertida ante la Suprema Corte, ya sea con acciones de constitucionalidad o controversias constitucionales. Y al llegar al tema a la Corte el voto de los ministros tendrá la última palabra para saber si la iniciativa eléctrica vive o muere. El reciente fallo de la Segunda Sala de la Corte que tumbó el decreto de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, mejor conocido como el “decreto Nahle”, ha hecho que muchos crean que con ese precedente, prácticamente es un hecho que si se aprueba la nueva reforma eléctrica también será anulada en automático por la Corte, pero hay elementos que nos dicen que no necesariamente sería así.
El tema, nos explican, tiene que ver con que lo que anuló la Corte era un Acuerdo emitido por el Ejecutivo en forma de decreto, por eso el caso fue turnado y se resolvió en la Segunda Sala y no en el pleno de la SCJN. Pero en caso de una controversia contra la Ley de la Industria Eléctrica, por tratarse ya de una ley, sólo puede impugnarse por una acción de inconstitucionalidad y esas necesariamente las revisa el pleno de la Corte y ahí es donde podría venir la estrategia para que, una vez más, los ministros se inclinen a favor de la iniciativa presidencial.
Para que una acción de inconstitucionalidad prospere y se anule la ley se requiere un mínimo de 8 votos a favor de declararla inconstitucional. Y de los 11 ministros que tiene la Corte, cuatro de ellos tienen vínculos claros y votan mayoritariamente a favor de la 4T: Yasmín Esquivel, que claramente votó a favor del mencionado decreto eléctrico que estaba en los mismos términos que la próxima ley, el ministro Juan Luis González Alcántara, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Si esos cuatro votos se suman impedirían que se junten los 8 votos necesarios para aprobar la inconstitucionalidad. Lo único que podría evitar que la Corte avale la reforma lopezobradorista es un tema de congruencia, pero ante el tamaño de esta iniciativa y lo que representa para la 4T —amén de las presiones que suelen ejercer contra los ministros— es muy posible que eso no los detenga.
Y por si eso no fuera suficiente, en caso de que los tiempos y la discusión de la Constitucionalidad se alarguen, en noviembre próximo termina su periodo el ministro Fernando Franco y es un hecho que el nuevo ministro o ministra que proponga el Presidente y que apruebe el Senado también sea afín al Ejecutivo lo que aumentaría las probabilidades de que la ley eléctrica termine siendo validada por la Corte. Tal vez por eso en la Consejería Jurídica de la Presidencia y en el Congreso, pero sobre todo en el ánimo y la convicción del presidente López Obrador, que ayer desde La Paz apuró a los legisladores a consumar la ley que le devolverá a la CFE el monopolio de la generación de energía eléctrica, hay tanta confianza de que a su iniciativa “no le quitarán ni una coma”, tanto en el Congreso como en la Suprema Corte.