Dice el presidente López Obrador que aspira dejar como legado el respeto al voto y a la voluntad popular, tal supuesto es extraño porque sabe del esfuerzo de la sociedad mexicana por madurar la democracia en México, el propio López Obrador ha sido parte de esa lucha, si bien su participación en la Mesa de Bucareli y el Grupo San Ángel durante la década finisecular fue marginal, debe reconocerse que su actividad como líder opositor, panistas, priistas y perredistas contribuyeron a generar espacios para la consolidación democrática. De esa lucha nacieron instituciones fundamentales como el IFE-INE, el INAI, el Tribunal Electoral, etc. Esas instituciones fueron garantes de la voluntad popular que lo llevó a la presidencia de México, porque los votos se cuentan y cuentan, igual en el 2000, 2012 que en 2018. Sin embargo, no puede poner como constancia de su esfuerzo las “consultas” a las que apela para tomar decisiones de políticas públicas, porque el formato de su desempeño no garantiza confianza en sus resultados, ni las bases consultadas son representativas de la voluntad general. En realidad es un prurito de reescribir la historia con sesgo personalista, porque el voto se ha venido respetando antes de su arribo a la presidencia, ya existe un árbitro electoral, el INE, cuya función consiste en organizar elecciones y ofrecer garantías de legalidad y confianza en los resultados. Son funciones que un presidente no puede realizar simplemente porque no fue electo para eso. Curiosamente lo expresó en Mérida, uno de los municipios pioneros en alternancias de autoridades municipales.