Lo acontecido en el reciente proceso electoral de los Estados Unidos debe servirnos de espejo para comprobar que la fortaleza de las instituciones aporta una gran plusvalía a su existencia; queda para la conjetura los trastornos sociales, políticos y económicos que hubieran devenido en aquel país si los personeros electorales de diversas entidades hubieran cedido a las presiones del entonces presidente Donald Trump. Igual ocurre en México con el INE, cuya resolución de ratificar las sanciones a Salgado Macedonio, de Guerrero y a Raúl Morón, de Michoacán, demuestran estricto apego al dictado constitucional, fortaleciendo a la vez su calidad de institución garante del proceso electoral. El argumento de la desproporción del castigo por “no comprobar la irrisoria cantidad de 20 mil pesos”, como dicen los defensores de Salgado, recuerda el caso de aquel alcalde de San Blas, en Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, el popular Layin, quien reconoció “que robó poquito” porque poco había en las arcas municipales y pese a ello fue reelecto “por el pueblo”. No es asunto de cantidad, sino de una acción tipificada como violatoria de la ley, y tal es lo que se aplica. ¿Soltarán al tigre en Guerrero? No, porque ahora el tribunal Electoral tiene la última e inapelable palabra.