Más de 20 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, condenó anteayer al Estado mexicano por la deficiente investigación sobre la sospechosa muerte de Digna Ochoa, una defensora de derechos humanos oriunda de Misantla, Veracruz, que el 19 de octubre de 2001 fue hallada muerta en su oficina del entonces Distrito Federal y cuyo caso fue cerrado oficialmente como “suicidio”.
El fallo de la CorteIDH raspa obviamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en aquellos años era Jefe de Gobierno del DF, pero sobre todo deja mal parado al ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, actual consejero de la Judicatura federal.
De acuerdo con la sentencia publicada este miércoles por la CorteIDH, se concluyó que “la investigación absolutamente deficiente de la muerte de la señora Digna Ochoa por parte de las autoridades mexicanas, junto al hecho de que se hayan descartado arbitrariamente otras líneas de investigación, no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon esta muerte y, por tanto, constituyó, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida.”
El fallo determinó que la muerte de la abogada veracruzana, “se inscribió dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en la época de los hechos del presente caso en México y que vino precedida de años de amenazas contra ella”.
La investigación judicial en México determinó que se trató de un “suicidio”, pero la acusación contra el Estado mexicano asegura que hubo serias irregularidades en el proceso y que en realidad los hechos corresponden a un homicidio en un contexto de agresiones, amenazas y violaciones a los derechos de los defensores en nuestro país.
La CorteIDH consignó en su sentencia que hubo “numerosas falencias” en el manejo de la escena del crimen, en la cadena de custodia, en la documentación, los exámenes externos e internos, así como en la necropsia médico legal.
El fallo también asegura que hubo “graves inconsistencias y contradicciones en la recolección de datos y, en particular, entre un dictamen de criminalística de 19 de octubre de 2001, el acta médica realizada tres horas más tarde y el protocolo de necropsia”.
Y es que era absurdo suponer que se trataba de un “suicidio”, ya que el cadáver de la abogada veracruzana presentaba un balazo en una pierna y otro en la cabeza. También quedó registrado otro disparo en un sillón.
Además, la CorteIDH determinó que la investigación de las autoridades mexicanas estuvo “sesgada por la aplicación de estereotipos de género” que apelaban a aspectos íntimos y personales de la defensora, con el objetivo de cuestionar su credibilidad.
El único ex funcionario que salió bien librado es el actual senador independiente Emilio Álvarez Icasa, quien como ombudsman capitalino emitió una recomendación que evidenciaba la versión de “suicidio” de la Procuraduría capitalina dependiente de AMLO.
Ojalá que, en el futuro, el Presidente no pague también las omisiones y atropellos de su procurador “autónomo” Alejandro Gertz Manero.
CASOS PENDIENTES EN VERACRUZ
Por cierto, en noviembre y diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en sus conferencias de prensa que reabrirían las investigaciones tanto del asesinato de la periodistaRegina Martínez, corresponsal en Veracruz del semanario Proceso, asesinada en su domicilio en 2012, como por el crimen de la señora Ernestina Ascencio, una adulta mayor que fue violentada sexualmente en 2007 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando se encontraba pastoreando a sus borregos en el municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica.
¿Qué tan avanzadas irán las indagatorias de la Fiscalía General del Estado a cargo de doña Verónica Hernández Giadáns? A ver si no la balconean en una de la “mañaneras” del Presidente en Palacio Nacional.