En realidad, nunca como ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación había tenido en su agenda la determinación sobre si es constitucional o no una ley recientemente aprobada en el Poder Legislativo. Según el tablero de sus decisiones, la Corte o algún juez han enmendado buen número, la más reciente ha sido la Ley de Austeridad formulada por el Ejecutivo y obsequiosamente aprobada por la mayoría de Morena en el Legislativo sin “cambiarle ni una coma”- Esta semana, la Cámara de diputados, o mejor, la mayoría de votos de Morena y sus aliados, aprobaron una reforma a la Ley de Instituciones Financieras con lo cual se conceden facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias, sin previa resolución judicial. Al margen de las implicaciones de uso político que pudieran ocasionarse, pues la UIF es órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, no prosperará ante un posible recurso de inconstitucionalidad, si este se interpone, porque, como lo expresó el diputado José Yune Zorrilla en su bien estructurado discurso a nombre de la bancada priista, esa concesión a la UIF viola preceptos constitucionales, el artículo 16 por ejemplo. El diputado Yunes Zorrilla explicó con meridiana claridad las posibles consecuencias de la entrada en vigor de esa nueva disposición, pero fue inútil porque la consigna estaba tirada: aprobar esa reforma y ya después veremos; el típico caso de “pega, luego averiguas”. Pero así es esto en la democracia donde impera la ley de número.