De absurda y hasta pueril, por decir lo menos, pudiera calificarse la propuesta del dirigente formal de MORENA para inducir “al pueblo” a una consulta con el propósito de denunciar a los diputados opuestos a la reforma eléctrica como “traidores a la patria”, colocándose así en la actitud asumida por Maximiliano Robespierre cuando al frente del Comité Revolucionario durante el movimiento que ahora conocemos como Revolución Francesa mandó a la guillotina a muchos de sus correligionarios, aunque finalmente fue también víctima de su terrible creación. Pero en el caso de Mario Delgado, será interesante respondiera a la interrogante acerca de quién le escrituró la facultad para calificar de “traidores a la patria” a quienes disienten de los planteamientos presidenciales, porque disentir del dicho del gobernante en ninguna democracia es admisible el calificativo de traidor. Además, discrepar respecto de las políticas públicas o proclamas de la autoridad no está tipificado como delito en nuestro marco jurídico, que privilegia, por cierto, el imperio del Estado de Derecho y de las instituciones sobre el dictado de los hombres. Obviamente, Mario Delgado no ignora que la calidad de legisladores a quienes confiere el inamistoso título de traidores, y que la constitución los mantiene en salvaguarda respecto a sus acciones en esa calidad, pero no es asunto de debate serio y respetuoso sino de increpar, ofender y calunbiar al contrario exhibiéndolo como un enemigo del “pueblo” a quienes hay que “fusilar pacíficamente”, como dice el diputado Ignacio Mier en un discurso de odio inadmisible en este país de libertades. Ese escenario es preocupante porque refleja una polarización cada vez más profunda entre adversarios políticos, que al parecer se desea trasladar inoculándola al “pueblo bueno y sabio”, ese que reacciona y obra en base a la pasión, el hombre masa de las consultas. Uno puede estar o no de acuerdo con los propósitos de la CuartaT, cada quien es dueño del privilegio de escoger sus filias y sus fobias, sin embargo, preocupa cuando una de las facciones en pugna pretende arrogarse la facultad de decidir sobre qué es lo conveniente y qué no para el país e imponer por la vía del terror ese criterio a quienes disienten. Sería una mala señal